Oficialistas conmemoran "caracazo" en capital venezolana

Simpatizantes del gobierno venezolano marcharon estesábado por las calles de la capital para conmemorar las violentas protestas callejeras de 1989 conocidas como "El Caracazo", en una manifestación en la que el presidente Nicolás Maduro reveló la desarticulación de un supuesto golpe de Estado en su contra.

Portando afiches del fallecido presidente Hugo Chávez y banderas nacionales, los seguidores del oficialismo marcharon al ritmo de música festiva rumbo al palacio de gobierno en el centro de Caracas, donde se concentraban, a la espera de que Maduro pronuncie un discurso para recordar la fecha que el oficialismo cataloga como una "rebelión popular" contra un paquete de medidas que se impuso al comienzo del segundo mandato el fallecido ex presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

El recorrido de siete kilómetros se inició la Plaza Brión del este de Caracas, lugar donde con antelación opositores se disponían a recolectar firmas en apoyo al polémico Acuerdo Nacional de Transición que el gobierno ha considerado un llamado para derrocarlo. Los opositores se vieron forzados a cambiar la ubicación para evitar cualquier choque "por el abuso del régimen de tomar los espacios de la plaza Brión de Chacaíto a pesar de que ya habíamos notificado nuestra actividad", dijo en un comunicado el movimiento político opositor Vente Venezuela.

Liliana Ortega, directora de la organización humanitaria Comité de Familiares y Víctimas de 1989 (Cofavic, creada para que se esclarezcan los asesinatos ocurridos a raíz de los disturbios), ha rechazado las celebraciones oficialistas y denunció que después de 26 años "no se ha producido condena en ninguno de los casos".

Dijo que ni el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y ahora el de Maduro, su heredero político, han honrado la promesa de Chávez de identificar y entregar a sus parientes los restos de 65 presuntas víctimas de la represión que fueron encontrados en fosas comunes en un cementerio de Caracas.

La Fiscalía General, empero, indicó en la víspera que el gobierno venezolano ha indemnizado a los familiares de 596 víctimas, y tiene previstas audiencias preliminares de las causas contra ex funcionarios implicados entre 18 de marzo y el 9 de abril próximo.

Un puñado de policías fueron encarcelados brevemente por sus acciones durante los disturbios, pero ninguna autoridad, militar o policía ha sido declarado culpable por la matanza.

Al menos 300 personas murieron en aquel estallido. Las autoridades de entonces aplastaron las protestas callejeras desatadas por una serie de alzas en los precios de la gasolina y las tarifas del transporte público. Las protestas se extendieron incluso hasta marzo en los barrios pobres de Caracas.

Las autoridades sostienen que ellos meramente restablecieron el orden en medio de una situación caótica y peligrosa, pero los activistas dicen que la policía y el ejército dispararon indiscriminadamente en las barriadas pobres de Caracas y que muchas de las víctimas murieron dentro de sus casas, después que los disturbios habían terminado.

Mientras, en el municipio capitalino de Chacao, un pequeño grupo de personas atendieron la convocatoria de varias organizaciones partidistas que llamaron la atención sobre la represión del gobierno contra sus adversarios políticos, entre ellos alcalde opositor metropolitano, Antonio Ledezma, detenido la semana pasada por orden de un tribunal local por estar presuntamente vinculado en "hechos conspirativos para organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno".

Maduro acusó a Ledezma de estar implicado en una conspiración y presentó como prueba un comunicado titulado "Acuerdo nacional para la transición" publicado recientemente en un diario local y que fue avalado también por el líder opositor detenido López y la ex congresista María Corina Machado. Hubo una escasa presencia de firmantes en apoyo al acuerdo.

"Las firmas no sirven de nada para resolver los problemas de Venezuela y uno se expone a que le pasen factura si lo meten en una lista", dijo Irma Vázquez, una vecina de Chacao de 37 años, que conversaba con otras amigas, mientras recogían el equipo de sonido instalado en su localidad.

Vázquez se refería a situaciones como las que se dieron en el 2004 cuando a raíz de una recolección de firmas a favor de un referendo para revocar del cargo a Chávez se creó un listado de electores que fue utilizado para persecuciones políticas.

Cientos de personas denunciaron que tras aparecer en la llamada "Lista Tascón" fueron despedidos de sus cargos en empresas públicas y se les impidió contratar con el Estado.

En abril del 2005 Chávez admitió la existencia de la referida lista y ordenó a sus seguidores "olviden la lista de firmantes de (el ahora fallecido ex diputado) Luis Tascón, entierren los datos de quienes apoyaban un revocatorio a finales de 2003".