República Dominicana analiza sentencia

Ap
24 de octubre 2014 - 05:53

El gobierno de República Dominicana analiza y prepara su posición ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le exigió dejar sin efecto las leyes que buscan anular la nacionalidad de descendientes de inmigrantes haitianos.

Ramón Fadul, ministro de Interior y presidente del Consejo de Migración, precisó el jueves en declaraciones a periodistas que el Poder Ejecutivo emitirá su respuesta el viernes. Insistió en que en el país no existe discriminación contra los miles de inmigrantes haitianos y sus descendientes y "no se le quita la nacionalidad a nadie".

Recordó que desde junio comenzó un plan inédito para regularizar el estatus migratorio de los más de 500.000 extranjeros que viven en Dominicana de manera irregular, entre ellos unos 460.000 haitianos.

Por su parte, el vocero de la Presidencia Roberto Rodríguez indicó en conferencia de prensa que técnicos analizan "con absoluta serenidad" la sentencia, ya que sus disposiciones no sólo afectan al Ejecutivo, sino a los otros poderes del Estado, como el Congreso y el Tribunal Constitucional.

La Corte, con sede en Costa Rica, sentenció la víspera que el Estado dominicano "violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la nacionalidad y el nombre" de un grupo de descendientes de inmigrantes haitianos y de haitianos que fueron expulsados del país entre 1999 y 2000 y enviados a Haití como parte de redadas para detener a inmigrantes sin permisos migratorios.

De acuerdo con las evidencias mostradas durante varios años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2013 en la audiencia ante la Corte, al menos ocho de los afectados, entre ellos algunos niños, "eran dominicanos y fueron expulsados" a Haití. En cuanto al grupo de inmigrantes, la Corte determinó que el Estado violó los mecanismos de deportación al detenerlos y repatriarlos sin permitirles reunirse con sus familiares y sin derecho a defensa.

Entre las víctimas de esas deportaciones colectivas se encuentra Willan Medina Ferreras, quien durante su testimonio en 2013 ante la Corte dijo que fue enviado a Haití, pese a haber nacido en República Dominicana y tener documentos de esa nacionalidad. Días después de aquella audiencia, la Junta Central Electoral difundió un video en que personas identificadas como la familia Medina Ferreras aseguran que no era su pariente y que sólo lo conocían como Winé, originario de Anse-a-Pitre, Haití. La Junta Central lo sometió en marzo ante los tribunales por la presunta falsificación de documentos para asumir la nacionalidad dominicana.

La Corte Interamericana dio un plazo de seis meses para resarcir económica y legalmente a los afectados y dejar sin efecto las disposiciones legales que niegan la nacionalidad a los hijos de extranjeros no residentes, incluida una controversial sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013 y una nueva ley que otorga calidad de extranjeros a personas nacidas en el país.

El Tribunal Constitucional determinó en su polémica sentencia que los hijos de extranjeros sin permiso de residencia nacidos entre 1929 y 2007 no podían tener la nacionalidad dominicana de forma automática y ordenó abrir juicios individuales para anularlas. Según organismos de derechos humanos, esa medida afectará a unos 200.000 descendientes de haitianos.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, aseguró que sólo poco más de 24.000 personas serán afectadas. La institución difundió en septiembre, un año después de la sentencia del Tribunal, la lista de 13.000 descendientes de haitianos afectados por la desnacionalización.

Ante las críticas de otros gobiernos y de organismos internacionales como las Naciones Unidas contra la desnacionalización, el Congreso aprobó este año una ley enviada por el presidente Danilo Medina que reconoce la nacionalidad de los hijos de inmigrantes haitianos siempre y cuando estuviesen inscritos en el registro civil.

Para aquellas personas nacidas en el país que nunca fueron declaradas ante el registro civil, muchas veces por la negativa de las propias autoridades, la ley estableció un plazo de 90 días para que se inscriban como extranjeros y puedan optar en dos años por la naturalización. El plazo vence este viernes y menos de 1.000 personas se han registrado, según datos oficiales.

Dicha ley "da un trato de extranjeros a personas a quienes corresponde la adquisición de la nacionalidad de pleno derecho", consideró la Corte Interamericana en su sentencia y ordenó dejar sin efecto las disposiciones de esa legislación y del fallo del Tribunal Constitucional que generan la desnacionalización.

El cumplimiento de la sentencia de la Corte "es una gran oportunidad para que el Estado dominicano asuma la que debe ser su función esencial: garantizar la protección efectiva de los derechos de la persona", consideró en conferencia de prensa Roque Féliz, director del jesuita Centro Bonó, que forma parte de la agrupaciones de defensa de los dominicanos de ascendencia haitiana.

"Celebramos con cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana cuya nacionalidad dominicana les ha sido inequívocamente reafirmada y reivindicada bajo el derecho internacional", dijo en un comunicado fechado en Washington Kerry Kennedy, presidente del Centro para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Consideró que la sentencia de la Corte "sí es justicia".

Por su parte, el diputado Vinicio Castillo Seman, cuyo partido Fuerza Nacional Progresista ha sido uno de los principales defensores de la desnacionalización, calificó de injerencista al fallo de la Corte y violatorio de la constitución local.

Seman hizo un llamado al presidente Medina para que ignore a "ese grupo de cuatro jueces (de la Corte Interamericana) que trataron de mancillar el honor de República Dominicana".

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