Rescatan a víctimas de explotación sexual en Perú

Las víctimas procedían de otras regiones de los Andes del sur de Perú donde supuestamente fueron captadas a través de falsas ofertas de empleo para luego ser obligadas a prostituirse y realizar trabajos forzados.
Las víctimas procedían de otras regiones de los Andes del sur de Perú donde supuestamente fueron captadas a través de falsas ofertas de empleo para luego ser obligadas a prostituirse y realizar trabajos forzados. / EFE
Efe
03 de mayo 2016 - 17:48

La Policía de Perú rescató a 122 personas, entre ellas 121 mujeres, que presuntamente eran víctimas de explotación sexual en una de las mayores zonas de minería ilegal de la Amazonía peruana, situada en la región de Madre de Dios (sureste), informó hoy el Ministerio del Interior en un comunicado.

La víctimas, una de ellas en estado de gestación, fueron rescatadas en dos operativos realizados a finales de abril por la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirintrap) de la Policía peruana en 17 bares de la zona conocida como La Pampa.

Los agentes identificaron en esos locales a 34 personas, a las que denunció ante la Fiscalía por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Las víctimas procedían de otras regiones de los Andes del sur de Perú como Arequipa, Apurímac, Cuzco, Puno y Tacna, además de Huánuco, en el centro del país, donde supuestamente fueron captadas a través de falsas ofertas de empleo para luego ser obligadas a prostituirse y realizar trabajos forzados.

Entre las personas rescatadas hay 113 que decidieron regresar a sus lugares de origen y 9 que prefirieron acogerse a la protección del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT).

El director general para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, Alejandro Silva, remarcó la importancia de continuar brindando a las víctimas los servicios de atención médica y psicológica hasta asegurar su recuperación.

Los operativos que permitieron el rescate estuvieron liderados por la Policía y la Fiscalía, y contaron con el apoyo la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), enfocada en reducir el número de delitos de explotación sexual infantil en Perú.

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