Texas abre un nuevo frente en la batalla legal contra las medidas migratorias de Obama.

El estado de Texas solicitó hoy al juez federal Andrew Hanen que investigue si el Gobierno estadounidense ha empezado ya a aplicar las medidas ejecutivas sobre migración promovidas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pese a la suspensión judicial que pesa sobre ellas. El procurador general de Texas, Ken Paxton, denunció que el Gobierno de Obama ha concedido "decenas de miles" de permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados desde que en noviembre anunció sus medidas. "En un intento aparente de implementar el plan de amnistía de forma rápida, ilegal e inconstitucional, la Administración Obama parece que ya ha concedido permisos de trabajo", dijo Paxton, cuya oficina también lidera la demanda contra las medidas migratorias, suspendidas desde el 16 de febrero por Hanen. Según la denuncia, el Gobierno ha concedido 100.000 permisos de trabajo a beneficiarios de la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa de 2012 que, desde entonces, ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes. La ampliación de la DACA era parte del paquete de medidas de Obama y, según los planes del Gobierno, tenía que entrar en vigor el 17 de febrero, un día después de la suspensión judicial. Texas asegura que el propio Gobierno ha "admitido" la concesión prematura de estos permisos de trabajo en las pruebas que ha aportado durante el proceso por las medidas migratorias, y pide a Hanen que haga públicos los documentos. Hanen suspendió temporalmente las medidas ejecutivas sobre migración anunciadas en noviembre pasado por Obama, que buscaban la regularización de más de 5 millones de indocumentados, tras la demanda interpuesta por Texas y otros 25 estados, en su mayoría republicanos. En sus alegaciones, la coalición multiestatal denunció que Obama se había extralimitado en sus poderes al aprobar el paquete de medidas, ya que la competencia sería del Congreso. El Gobierno interpuso hace casi dos semanas un recurso de urgencia para levantar la suspensión decretada por Hanen, pero este juez, que fue propuesto para su puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, aún no ha respondido. Además de a la ampliación de la DACA para jóvenes, el fallo del juez Hanen afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretende amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y cuyo inicio estaba previsto para mayo. Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5,2 millones el número de beneficiarios de las medidas de Obama: 3,7 millones pueden solicitar la aplicación de la DAPA y 1,2 millones la de la DACA.