Vicepresidente argentino, más cerca del juicio oral

BUENOS AIRES (AP) — La situación judicial del vicepresidente argentino Amado Boudou se complicó el jueves luego de que un juez federal elevó a juicio oral la causa en la que está acusado de la supuesta falsificación de un documento público.

El juez Claudio Bonadío tomó la decisión poco después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificara la medida adoptada días atrás por el magistrado de rechazar el pedido de Boudou para que se anulara la elevación a juicio.

El vicepresidente, segundo en la línea de sucesión después de la mandataria Cristina Fernández, está acusado de falsificar los documentos de un automóvil de su propiedad en 2003.

Según expertos judiciales, próximamente se establecerá por sorteo la fecha y el tribunal que llevará a cabo el juicio. Se prevé que el funcionario apele ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema para dilatar o impedir el proceso.

Tras conocerse la medida judicial, legisladores opositores reclamaron que Boudou, quien preside el Senado, tome licencia hasta que se aclare su situación judicial. "El kirchnerismo (oficialismo) debe dejar de protegerlo", se quejó el senador de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales. En tanto, diputados opositores reclamaron que avance un juicio político en su contra.

El delito del que se acusa a Boudou contempla una pena de uno a seis años de prisión, aunque las condenas menores a tres años son excarcelables.

El funcionario puede permanecer en libertad mientras se sigue el proceso y en caso de dictarse alguna medida que vulnere su inmunidad de arresto, se puede requerir un juicio político en el Congreso para separarlo del cargo.

El juez Bonadío dio por "concluida la instrucción rechazando los sobreseimientos requeridos, permitiendo el avance de la causa al debate oral, momento en el cual las partes podrán controvertir con amplitud la totalidad de las pruebas reunidas en la instrucción que sólo tuvieron, hasta aquí, la finalidad de acreditar 'prima facie' la existencia de un hecho delictivo", publicó el Centro de Información Judicial.

La defensa de Boudou ha señalado que el trámite para registrar en 2003 un automóvil Honda modelo CRX lo hicieron gestores y que el actual vicepresidente fue ajeno a todos los pasos del proceso.

Bonadío recordó en su dictamen que el fiscal que imputó al funcionario "dio por acreditado" que Boudou actuó junto a gestores y la encargada de un registro de la propiedad automotor para "lograr la transferencia irregular -mediante documentación falsa- del automóvil".

Para ello se expidió "un título de propiedad y una cédula de identificación automotor de dicho vehículo ideológicamente falsos, por cuanto el vendedor nunca enajenó el vehículo a favor de Boudou, ni este último posee el domicilio que consignan dichos documentos públicos y tampoco se corresponde el número de motor que posee el rodado".

La justicia presume que Boudou habría cambiado los datos del vehículo para evitar darle la mitad de su valor a su exesposa durante la división de bienes por el juicio de divorcio.

El vicepresidente enfrenta otras investigaciones judiciales. En la que aparece más comprometido es en la llamada "causa Ciccone", la única imprenta de billetes de curso legal en el país. Otro magistrado procesó al vicepresidente por supuestamente haber participado de una maniobra irregular para apoderarse de la compañía en 2010 cuando ejercía como ministro de Economía.

Con la decisión del juez Bonadío, Boudou se convierte en el primer vicepresidente argentino en funciones en ser procesado.

Bonadío también investiga supuestas irregularidades en los registros y falta de presentación de balances de la compañía Hotesur, de la que la presidenta Fernández es accionista y la cual administra hoteles de su propiedad en la Patagonia.

El gobierno ha denunciado ser víctima de una "agresión permanente" de algunos jueces federales. Tras una votación en el órgano que nombra y remueve a los magistrados, dominado por el oficialismo, Bonadío fue sancionado días atrás con un descuento de 30% en su sueldo por las demoras en que habría incurrido en dos expedientes de los años noventa.