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El funcionario explicó que ya agotada la fase de negociación y solidaridad que se inició con representantes de estos planteles, no le queda otra cosa que defender los derechos de la parte más vulnerable o débil de la relación de consumo en este caso, los padres de familia.
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“Ya hemos interpuesto demandas en los despachos correspondientes, en los que tocará a al Órgano Judicial y a nosotros hacer la tarea para ver si esto llega a puerto seguro”, dijo.
De acuerdo con Quintero, la idea no es llegar a las demandas, la idea es que los dueños de estos colegios entiendan que no ha cambiado en nada las negociaciones sostenidas en 2020, cuando se llegó a un número para los costos de las matrículas al quitar, los montos de laboratorios, carné, entre otros servicios.
Aseveró que en algunos contratos se ha encontrado con cláusulas que indican que, si el padre de familia se queja ante esta instancia o los medios de comunicación perderán el cupo, lo que a su juicio es discriminativo y abusivo.
Otra cláusula que considera abusiva, es aquella en la que se indica que “no importa de qué manera te ofrezco el servicio, si a distancia, virtual o semi a distancia, yo tengo que cobrarte lo mismo”.
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Agregó que, hay colegios que le están cobrando a los padres de familia la plataforma en la que imparten las clases, lo que no es ilegal, “pero no es un trato justo y equitativo”.
Quintero aseguró que hasta el momento solo un colegio ha sido demandado, pero durante esta semana se trabaja en la demanda de otros dos y de aquí a 15 días se interpondrán al menos 10.