‘Cumbre Anticorrupción y sesión de la CIDH deben inspirar cambios en Panamá’

La Cumbre Anticorrupción y la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente realizadas en Panamá obligan a analizar el efecto que dejan este tipo de eventos y si implica avances o retrocesos sobre este tema en el país.

Panelistas que participaron en el programa Radar de este domingo 11 de diciembre concordaron en que este tipo de actividades en pro de la lucha anticorrupción y la defensa de los derechos humanos debe convocar cambios y políticas públicas en Panamá.

Lucha contra la corrupción

Carlos Barsallo, abogado y miembro de la junta directiva de Transparencia Internacional dijo que la gente tiene la percepción que las cumbres no sirven para mucho. Sin embargo, “yo quiero darle un voto de confianza y decir que hay que esperar y ver, porque sería muy negativo desde un momento inicial decir que no deja nada.

Agrega Barsallo que ayudaría mucho conocer qué se quería lograr con la Cumbre Anticorrupción para saber si se obtuvo el objetivo, que no es únicamente convocar personas.

“Es un espaldarazo positivo que se le haya otorgado un premio a los jóvenes fiscales que están trabajando en Brasil [caso Lava Jato]…Es una bocanada de aire fresco que ayuda al trabajo que están haciendo, que es uno de los tantos y da esperanza de que un grupo pequeño puede lograr cambios y hay que apoyarlos”, recalcó.

En tema de la lucha contra la corrupción grandes países han puesto sus normas, lo que conlleva a que Panamá imite, se inspire y sirva de espejo para verse reflejado.

A juicio de Barsallo la cumbre ha sido positiva pero es necesario analizar si el objetivo fue alcanzado.

“Ni reuniones, ni declaraciones van a lograr nada contra la corrupción, son las acciones”, según el discurso de cierre de la Autoridad de Transparencia, recordó Barsallo.

En tanto, Rubén Castillo, abogado y activista de la sociedad civil manifestó que hay una decepción ciudadana porque la gente desea una justicia “rápida, expedita para ver a los culpables pagando sus penas y a los inocentes reivindicados”.

“Nosotros tenemos que hacer cambios institucionales, la lucha contra la corrupción debe generar un estado de conciencia nacional. Cuando hablamos de la efectividad de las cumbres tenemos que aceptar que estos temas necesitan un debate y el mismo debe producir políticas públicas que generen luchas contundentes contra las malas prácticas en la sociedad”, sentenció Castillo.

Agregó el abogado y activista de la sociedad civil que el tema no es únicamente del Estado, sino que también compete a toda la sociedad.

Por su parte, Eduardo Quirós, abogado y presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) coincidió que el tema de la lucha anticorrupción debe interesarle a toda la sociedad panameña.

“Ha llegado el momento de que se produzcan resultados”, indicó Quirós.

¿Tolerancia hacia la corrupción?

Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo dijo que hay una correlación directa entre desigualdad de derechos humanos y corrupción, sin embargo tras la cumbre y la sesión de la CIDH a Panamá le queda el mensaje que ambos temas van de la mano.

Mientras Aida Torres, activista de la Asamblea de Acción Ciudadana y la Red de Derechos Humanos indicó que en la sociedad panameña se ha ido quedando la cultura de la aceptación de que los que gobiernan no se ven como administradores de los recursos sino como dueños.

Según Torres, no se ve el reclamo popular ni el deseo de las autoridades para que haya cambios.

Insiste Castillero en que es preocupante escuchar que el panameño tiene una cultura tolerante hacia la corrupción y “si fuera cierto sería una clara señal del fracaso en aspectos neurálgicos del proceso democrático”.

Necesidad de leyes

En este sentido, Barsallo indicó que es bueno tener una ley, aunque no es suficiente y nunca lo será.

“El problema panameño es que si no lo hacemos por nosotros y para nosotros es una ley florero, que va a estar para no ser cumplida”, sentenció Barsallo.

Consideró Barsallo que debe existir una voluntad desde dentro para generar cambios y no sólo desde afuera como es visible con los organismos y entes internacionales que están exigiendo transformación.

Por su parte, Torres dijo que la cumbre deja grandes referentes, expectativas e interrogantes para saber si en Panamá tendremos los mismos resultados que en Brasil con el caso Lava Jato y otras realidades en Latinoamérica.

“No estamos solos en esta lucha, esto es mundial y hay un amplio espectro reclamando transparencia y rendición de cuentas”, manifestó la activista.

En tanto Castillo indicó que hay que establecer una lucha multilateral y normas con compromiso de toda la sociedad de que la lucha contra la corrupción debe ser permanente.

Lucha por derechos humanos

Castillero dijo que la sesión de la CIDH permitió a la comunidad de derechos humanos, activistas y organismos que en ese marco se diera un encuentro entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procuradores y defensores de derechos humanos de Centroamérica.

Además se aprovechó para lanzar las directrices del monitoreo de manifestaciones y protestas sociales, “sin las cuales no tendríamos la vigencia de los derechos humanos”, reiteró el defensor del Pueblo.

Incluso se alcanzaron acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y encuentros para la protección de todos los defensores en esta materia.

El defensor del Pueblo dijo que preocupa que en Panamá haya amenazas para algunos defensores de derechos humanos, como es el caso de Ligia Arreaga, activista y defensora de la Laguna Matusagaratí, en Darién, entre otros.

Realidad de GESE

Como un pequeño paréntesis, el presidente de GESE hizo un recuento de la situación actual de los diarios El Siglo y La Estrella.

“El 5 de mayo se emite la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde coloca al accionista principal de los diarios en la famosa Lista Clinton y a partir de allí emite una licencia general que excluye a los diarios de relaciones comerciales con empresas americanas”, indicó Quirós.

Primero se dio por 60 días, pero posteriormente se extendió hasta el 6 de enero de 2017.

“No hay hoy por hoy, ninguna posibilidad real de que el modelo actual de los diarios se sostenga después del 5 de enero, si desaparece este estado de licencia…Incluso si la extensión se diese por un periodo perentorio tendría el mismo efecto, porque los medios de comunicación funcionamos con contratos a largo plazo”, recalcó Quirós.

Por su parte, el defensor del pueblo hizo un llamado a las autoridades, para que cada una dentro de sus posibilidades tome las medidas pertinentes, para proteger el derecho al trabajo de los empleados del grupo GESE.

Institucionalidad, punto vital contra la corrupción

En tanto, Torres dijo que la institucionalidad debe empezar a mandar señales de confianza a la ciudadanía.

“La institucionalidad debe fortalecerse y mandar señales de que es realmente cónsona con la visión y misión que tiene”, reiteró Torres.

Castillo por su parte dijo que la lucha contra la corrupción debe ser convertida en un estado de conciencia de los ciudadanos y rechazar las prácticas que puedan afectar la estabilidad institucional y que conspiren contra los bienes del Estado, afectando el desarrollo del país.

Mientras la ciudadanía espera que realmente ambos eventos rindan frutos y que se refleje en la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos.