Investigarán a Garuz y Pérez por posesión ilícita de armas

Investigarán a Garuz y Pérez por posesión ilícita de armas
Redacción
13 de enero 2015 - 09:56

El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, informó este martes, 13 de enero, que el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilera, abrirá procesos paralelos contra los exsecretarios del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, por la posesión ilícita de armas.

Esta investigación se pondrá en marcha tras los allanamientos realizados ayer lunes, en las residencias de ambos exfuncionarios, donde se encontraron armas de grueso calibre y de guerra.

Rodríguez, sin dar mayores detalles, dijo que a Pérez se le encontró una cantidad "plural" de armas.

PROCESO

Las investigación que se abrirá en contra de cada uno por el mismo delito, se realizaría en paralelo a las dos que ya avanzan por la sustracción de un equipo para escuchas telefónicas y el supuesto delito delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

Así las cosas, serían tres las investigaciones que adelantaría el MP en contra de Garuz y Pérez, quienes están bajo detención preventiva.

En cuanto a otros funcionarios implicados en estos dos últimos casos, el secretario del MP dijo que el fiscal Aguilera deberá llamarlos a rendir indagatoria.

Aguilera aseguró ayer, lunes, en conferencia de prensa, que otros dos funcionarios del Consejo de Seguridad están implicados con estos casos, pero no dio sus nombres.

Indicó que estos serían llamados a declarar, aunque no precisó la fecha.

Ante la posibilidad de que se llame a declarar al expresidente Ricardo Martinelli, Rodríguez indicó que esto es competencia del fiscal auxiliar, sin embargo; le compete a la Corte Suprema de Justicia hacer la solicitud para que se investigue al exmandatario, toda vez que se trata de una persona que tiene inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Martinelli se juramentó como diputado del Parlacen el 1 de julio de 2014, aunque durante su gobierno se refirió a ese organismo como "una cueva de ladrones".

Miembros de la sociedad civil reclaman acciones por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la única instancia que puede solicitar investigar a un diputado.

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