Lucha contra la corrupción, la asignatura pendiente de Panamá

Analizan la calificación de Panamá en el índice de transparencia

Panamá sigue afrontando un gran reto, la lucha contra la corrupción donde desafortunadamente no ha avanzado nada, aseguró este miércoles Lina Vega Abad, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capitulo panameño de Transparencia Internacional.

El índice de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica suele ser de 44 puntos, pero Panamá sigue estancada en 37 puntos, según el informe de prestigiosos organismos internacionales encargados de la evaluación del índice de transparencia internacional.

No hemos dado pasos que nos permitan subir el índice. No depende de un presidente o dirigente con buena voluntad, no es suficiente, hay una situación sin precedente haber llevado a tanta gente al sistema de justicia, lo que necesitamos es un sistema con prevención, educación y sanción”, enfatizó Vega.

La media del índice de percepción de la corrupción es de 44 puntos, hay países que están por encima como Canadá y Estados Unidos. Uruguay, Barbados y Chile también tienen buenos índices.

Los peores países con los índices según el informe son Venezuela, Haití, Nicaragua y Guatemala. Panamá está en la línea media sin avanzar.

Vega manifestó que el problema es complejo por lo cual no existe una solución única, tiene que ser evaluado con diversas estrategias, pero sobre todo cumpliendo con la ley que ya tiene Panamá. “El problema es de todos y la solución está en manos de todos”.

Ante esta realidad, Transparencia Internacional capítulo Panamá, propuso a los candidatos presidenciales, la firma de un pacto denominado el “Reto por la Transparencia 2019”.

Entre los aspectos que incluye el reto se mencionan: leyes anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, establecer mecanismos para simplificar los procedimientos de contratación pública, garantizando la transparencia, economía, responsabilidad, eficiencia, efectividad y seguridad jurídica, entre otros aspectos y también mejorar la gestión de la administración de justicia.

También se incluyeron aspectos referentes al acceso a la información, gobierno y datos abiertos.

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