Piden convocar Consejo Judicial

A raíz de los últimos acontecimientos que han puesto en jaque al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, por la compra de dos apartamentos en Coco del Mar, San Francisco, valorados en $1.7 millón, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño, pidió esta mañana en el programa Radar que se convoque al Consejo Judicial.

El Consejo Judicial es una instancia contemplada por ley en el Título XVI, Capítulo I del Código Judicial, y le corresponde conocer las denuncias por faltas a la Ética Judicial en contra de los jueces y magistrados del Órgano Judicial, así como fiscales y funcionarios el Ministerio Público y los abogados.

Este Consejo lo integran, además de los tres magistrados presidentes de las tres salas de la Corte Suprema, los dos procuradores (el de la Nación y el de la Administración), así como el presidente del Colegio de Abogados.

Para la exmagistrada Troitiño, frente a los hechos denunciados es importante que el Consejo Judicial se reúna y analice la compra que hizo el magistrado Moncada Luna así como también los últimos expedientes que manejó.

“Me siento tan indignada frente a lo que estamos viviendo, más aún cuando dice que el dinero se lo proporcionó un empresario cercano (Felipe Pipo Virzi), al anterior presidente (Ricardo Martinelli)”.

Denuncia contra Moncada Luna

El escándalo que despertó la millonaria compra del magistrado de la Corte, activó las alarmas del Colegio Nacional de Abogados (CNA). El vicepresidente de este gremio, Juan Carlos Araúz, adelantó que mañana presentarán una denuncia ante la Comisión de Credenciales, con la finalidad de que se inicie una investigación al magistrado Moncada Luna por incurrir en los posibles delitos de enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.

De llegarse a cristalizar esta denuncia, el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea, Luis Barría, explicó que de Secretaría General pasará la petición a la Comisión de Credenciales integrada por 9 diputados.

Una vez instalada la Comisión, tendrá que nombrar una subcomisión de Garantías que deberá estar integrada por tres diputados de la Comisión de Credenciales. Luego, el pleno de la Asamblea Nacional tendrá que designar un fiscal de la causa que tendrá dos meses para instruir la prueba sumarial de los hechos denunciados.

Este fiscal de cuentas recopila toda la documentación y se la envía a la subcomisión que le tocará admitir o no las pruebas.

Finalmente se remite el expediente a la Asamblea Nacional y se realiza una audiencia preliminar que dicho en otras palabras es un llamamiento a juicio de forma oral. Para el diputado del PRD, Pedro Miguel González, la Asamblea Nacional tiene una gran oportunidad para ejercer su rol fiscalizador y faceta judicial. “Apuesto a que vamos a estar con la determinación suficiente de llegar hasta el final en este caso”.