Varela sanciona ley que otorga descuentos y protege a los adultos mayores

El presidente de la República, Juan Carlos Varela sancionó y promulgó en Gaceta Oficial la tarde de este jueves 4 de agosto, la Ley N°36 que establece la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, con esta nueva normativa se busca que los adultos mayores en Panamá sean una responsabilidad del Estado, en torno a la creación de políticas públicas y respeto de sus derechos.

La norma a través del cual se establece responsabilidades al Estado que implican la modernización de las entidades involucradas en la implementación de políticas públicas orientadas hacia los adultos mayores, estipula que para los efectos de la misma, se considera persona adulta mayor a todo panameño o extranjero residente en el territorio nacional con 60 años o más.

Se estipula que es derecho de las personas adultas mayores residir en su propio domicilio mientras les sea posible, así como permanecer en el seno de su familia, mantener relaciones personales y contacto directo con sus amistades y conservar la titularidad de sus bienes sin ser perturbadas en su ego y goce pacífico.

Igualmente se destaca que se priorizará la atención y permanencia de las personas adultas mayores en sus residencias y rodeadas de sus familiares, respecto a su colocación en instituciones de protección de las personas adultas mayores.

Las personas adultas mayores de 65 años o más tendrán los siguientes beneficios: reducción del 50% del costo del pasaje individual en el transporte público a nivel nacional; un descuento de 50% en la entrada a eventos, conciertos y actividades culturales. Los promotores de eventos reservarán para los adultos mayores de 65 años o más el 10% de la entrada general hasta quince minutos antes del inicio de la función.

A través de esta Ley se reestructura el Consejo Nacional del Adulto Mayor, creado mediante Decreto Ejecutivo 23 de 24 de junio de 1999, con la denominación Instituto Nacional del Adulto Mayor, el cual continuará adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, según las disposiciones que establezca la Ley.