Autoridades no descartan llamar a Martinelli por "pinchazos"

El secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez, confirmó este martes, 13 de enero de 2015, que como parte de las investigaciones que se llevan a cabo con relación a las interceptaciones telefónicas ilegales en Panamá, no se descarta que se llame a declarar al expresidente Ricardo Martinelli.

“No descartaría esta posibilidad”, dijo Rodríguez a tvn-2.com. Su respuesta tiene que ver con la vinculación del entonces Presidente de la República (2009-2014) con el Consejo de Seguridad Nacional, debido a que este es el ente asesor del jefe de Estado de turno. Las investigaciones que adelanta la Fiscalía Auxiliar precisamente tienen que ver con interceptaciones ilegales o “pinchazos” que ocurrieron en la pasada gestión gubernamental.

Ahora bien, agregó Rodríguez, “es el fiscal auxiliar [Marcelino Aguilar] el que debe evaluar esta situación… en virtud de que tiene la investigación en sus manos”.

Si el fiscal tomala decisión de pedir que el expresidente declare por estos casos y/o se le investigue, entonces deberá enviar la solicitud correspondientea la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es el tribunal competente para conocer este tipo de casos, debido a que se trata de un exmandatario y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Lo anterior ya ocurrió con la solicitud que hizo este mesla fiscal segunda anticorrupción, Lizzette Chevalier, ala Corte para que investigue a Martinelli por su posible comisión de delito relacionado con un escándalo por irregularidades en el manejo de los fondos públicos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).Esta solicitud tiene como fundamento la Constitución Política de Panamá y el Código Procesal Penal (artículo 39).

El caso del PAN y elde las interceptaciones telefónicas son distintos y en cada uno están mencionados exmiembros del gobierno pasado.

ESTATUS DE LOS CASOS

Actualmente, la Fiscalía Auxiliar llevaa cabo dos investigaciones relacionadas con las interceptaciones telefónicas.

Una tiene que ver con el delito contra la administración pública (peculado) por la “sustracción de la máquina que hace pinchazos o intervenciones telefónicas”, mientras que la otra tiene relación con el delito contra la seguridad colectiva por el uso ilegal de esos equipos, explicó Rodríguez.

La Fiscalía Auxiliar le formuló cargos a dos de los exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, y en la noche del lunes 12 de enero de 2015 a ambos exfuncionarios se les decretaron detenciones preventivas como medidas cautelares. Las indagatorias por este caso aún no han terminado.

La fiscalía no descarta que se hagan otras imputaciones. De hecho, hay dos personas que también están “debidamente identificadas” y que en su momento serán llamadas a declarar, adelantó Rodríguez.

INVESTIGACIÓN EN PROCESO

La investigación por el uso ilegal de los equipos para hacer “pinchazos” comenzó, de manera “oficiosa”, en agosto de 2014. A la fecha, no hay ningún querellante, dijo el secretario general del MP.

Las autoridades judiciales hacen referencia a dos tipos de aparatos para hacer las interceptaciones, los cuales aún “no han sido ubicados”, añadió.

De acuerdo con las pesquisas realizadas, al menos 150 personas han sido identificadas como “víctimas”. Algunas de estas personas ya han sido localizadas, pero aún faltan más, explicó Rodríguez.

“Ellos se constituirán en parte integral del proceso” y tienen derecho a que se esclarezca el hecho delictivo, agregó.

De comprobarse algún ilícito en el uso de los equipos para hacer interceptaciones telefónicas, los involucrados podrían pagar una pena de hasta cinco años, ya que -según el Código Penal- hay un “agravante” cuando se trata de funcionarios públicos.

El artículo 165 de Código Penal señala:"Quien sustraiga, destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte o bloquee una carta, pliego, correo electrónico, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a otras personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana, la cual se aumentará en una sexta parte si lo divulgara o revelara. Si la persona que ha cometido la acción es servidor público o empleado de alguna empresa de telecomunicación, la sanción será de tres a cinco años de prisión, la cual se aumentará en una sexta parte si lo revelara o divulgara".

ASISTENCIA JUDICIAL EN MARCHA

Como los equipos tecnológicos para realizar las interceptaciones telefónicas fueron adquiridos en Israel, el MP también lleva adelante un proceso de asistencia judicial a fin de que ese país proporcione información sobre este tema.

Esta solicitud está en marcha “en virtud de que fue en ese país donde se adquirieron las máquinas”, señaló Rodríguez.

“Se trata de información sensitiva”, puntualizó el secretario general del MP.