Cable & Wireless responde a la Contraloría: aclara la incorporación de los Spiegel y confirma colaboración con la auditoría

La empresa de telecomunicaciones precisó que Julio y Manuel Spiegel ingresaron a la compañía en 2014 tras la compra de Grupo Sonitel, cinco años antes del período gubernamental 2019-2024.

Cable & Wireless Panamá / Foto: cortesía

Luego del anuncio del contralor general de la República, Anel Flores, sobre el inicio de una auditoría forense a Cable & Wireless Panamá (CWP), la empresa de capital mixto emitió un comunicado oficial en el que confirmó su total disposición a colaborar con las autoridades, al tiempo que aclaró las circunstancias en las que se dio la contratación de Julio y Manuel Spiegel dentro de la organización.

Como empresa donde el Estado panameño posee una participación accionaria del 49%, CWP sostuvo que respeta plenamente las facultades de fiscalización de la Contraloría y que, desde el inicio del proceso de auditoría, ha facilitado de manera abierta y transparente toda la documentación solicitada.

En relación con los cuestionamientos públicos sobre la presencia de Julio y Manuel Spiegel en la empresa, CWP enfatizó un hecho cronológico fundamental: ambos profesionales se incorporaron a la compañía en el año 2014 como consecuencia directa de la adquisición comercial del Grupo Sonitel, mediante la figura legal de sustitución patronal.

La telefónica aclaró que dicha incorporación respondió a una transacción corporativa anunciada públicamente en su momento, en la que más de 350 especialistas en tecnología pasaron a formar parte de CWP, y no a contrataciones por vínculos familiares o políticos, ocurriendo cinco años antes del inicio del quinquenio constitucional 2019-2024.

Según detalló la empresa, Julio Spiegel continuó su trayectoria en la organización hasta enero de 2023, mientras que Manuel Spiegel permaneció en la firma hasta junio de 2025.

Finalmente, CWP manifestó su confianza en que una revisión objetiva de la documentación y la línea de tiempo permitirá esclarecer las interrogantes planteadas, pidiendo permitir que la auditoría concluya y se sustente en evidencias verificables tras sus 29 años de operación continua en el país.

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