Cantidad de afectados con interceptaciones de comunicaciones se multiplicará

En la instrucción del sumario sobre las interceptaciones de las comunicaciones, por el momento hay 150 personas afectadas, entre ellas, el alcalde de Panamá José Isabel Blandón y el exsecretario general del PRD, Mitchell Doens. Ninguna de estas personas puede ver la información capturada de la otra.

Por el caso hay hasta el momento dos detenidos, los exdirectores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz.

En el programa Radar de TVN, el alcalde Blandón relató que en el Ministerio Público confirmó que fue víctima de "espionaje" de sus correos electrónicos con quien fue su jefe de campaña.

Precisó que la comunicación versaba sobre la estrategia electoral en mayo de 2013 y sobre la grabación de unas declaraciones de quien aspiraba a la candidatura del PRD a la Alcaldía de Panamá, Roberto "Bobby" Velásquez y cuál debía ser la reacción de su campaña.

El caso al que se refería Blandón, fue la grabación que comprometió las aspiraciones de Velásquez, en la que supuestamente amenazaba con "romper las piernas" a otro aspirante a la Alcaldía en el PRD, José Luis Fábrega.

CÓMO INTERCEPTARON LAS COMUNICACIONES

Según explicó Blandón, la máquina de grabación empieza dando un comprobante del teléfono celular, en el que salen cuántos mensajes, conversaciones, WhatsApp hay, y el término era infectar el celular y sacar de la memoria lo que estaba allí.

Por su parte, Doens dijo que en su caso, le interceptaron abundantes correos electrónicos, conversaciones telefónicas, WhatsApp. Una de sus conversaciones con un compañero de la Comarca Ngäbe Buglé, fue divulgada.

Doens adelantó que entre este lunes 19 y martes 20 de enero interpondrá una querella penal por la interceptación de sus conversaciones.

El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez justificó la detención de Pérez y Garúz, por la peligrosidad social del delito a ellos imputado, ya que estima que la cantidad de personas afectadas se multiplicará.

Pérez y Garúz también son investigados por las armas de guerra encontradas en sus propiedades y la pérdida de los equipos de escuchas que habían sido adquiridos a un costo de 13 millones de dólares por el Programa de Ayuda Nacional.