Chapman pide a magistrados 'reconsiderar' aumentos salariales y jubilaciones especiales

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestó su rechazo al fondo de jubilación especial para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que les permite retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de retiro, y al aumento salarial de los magistrados del Tribunal Electoral.

Acabo de ver a la presidenta magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Les he comunicado por escrito, tanto a los miembros de la Corte como a los magistrados del Tribunal Electoral, mi recomendación de que estoy totalmente en desacuerdo y que considero que esto no es cónsono con el mensaje que enviamos al país de prudencia fiscal y manejo riguroso de las finanzas públicas”, expresó Chapman.

El titular del MEF señaló que han estado gestionando activamente el control de la planilla, tanto en número de personas como en montos, logrando reducciones a la fecha. Por ello, pidió a ambas entidades que reconsideren tanto el aumento salarial como las jubilaciones especiales recientemente aprobadas.

Pido a ambas entidades que reconsideren ambas acciones: aumento de salario y jubilaciones especiales", precisó.

Chapman explicó que, previo al anuncio de la Corte, sostuvo reuniones con calificadoras de riesgo y analistas, donde enfatizó la necesidad de rigurosidad fiscal, prudencia y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas para cumplir con las metas del país. Añadió que existe un clamor ciudadano por aplicar medidas estrictas al gasto público.

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El pasado viernes, la Corte publicó en la Gaceta Oficial el Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024, que crea un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial. Según la medida, de los 519 jueces y magistrados, alrededor de 133 (26 %) cumplen actualmente con la edad de retiro o jubilación.

Ayer lunes, la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López se limitó a anunciar que se realizará una conferencia de prensa para explicar el tema y aseguró que “no se trata de un aumento de jubilados”. Por el momento, no se ha dado ni fecha ni hora para esa conferencia.

Presidenta de la Corte evita responder sobre jubilación especial para magistrados y jueces

Esta resolución llega apenas cuatro meses después de que el pleno de la Corte, por insistencia, obligara a la Contraloría General de la República —a cargo de Anel Bolo Flores— a refrendar un aumento salarial de $4,000 mensuales para los magistrados. En ese momento, el contralor calificó el ajuste como “muy inconveniente”, advirtiendo que representaba un aumento del 66 % en los ingresos, elevando el salario mensual a $14,000 (incluyendo sueldo base y gastos de representación). El incremento implica un gasto anual aproximado de un millón de dólares para el Estado.

Precisamente, sobre la resolución de aumento salarial establecida por la Corte se marca un precedente, y abrió la posibilidad para que otros funcionarios con cargos similares soliciten aumentos. Llámese procurador de la Nación, de la Administración, magistrados del Tribunal de Cuentas, magistrados del Tribunal Electoral, etc.

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Aumenta rechazo ciudadano

Sectores empresariales y sociales han cuestionado la medida. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), presidida por Giulia De Sanctis, la consideró “imprudente, inoportuna y éticamente cuestionable”, señalando que el país enfrenta alto desempleo, tensiones fiscales y un déficit persistente, mientras miles de panameños tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

El Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos) también criticó la decisión. Su representante, Guillermo Cortés, recordó que llevan años solicitando un aumento de $10 en sus pensiones sin obtener respuesta, a pesar de que la Asamblea Nacional indicó que podría darse en 2025.

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Por otra parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) también expresó su rechazo al Acuerdo N.° 407. El gremio empresarial señaló que este beneficio constituye un privilegio injustificado en un contexto económico marcado por el desempleo, la informalidad y recientes conflictos sociales, y advirtió que destinar recursos públicos a este fin es incongruente con las necesidades prioritarias del país.

El Conep hizo un llamado a la CSJ a rectificar la medida, recordando que las decisiones institucionales deben responder al interés nacional, fortalecer la confianza ciudadana y priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.

Piden pasar ley para tumbar acuerdo

La exprocuradora y diputada Ana Matilde Gómez sostuvo que la Corte “no puede ser juez y parte” en decisiones que les otorguen privilegios y cuestionó la legalidad de que un acuerdo administrativo prevalezca sobre la ley. Pidió que la Asamblea apruebe una norma que prohíba compensaciones o fondos no sustentados en leyes, y que el contralor no refrende pagos sin sustento legal.

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Por su parte, el analista político y abogado Rodrigo Noriega criticó que la Corte tardara 386 días en divulgar la información, lo que, a su juicio, demuestra falta de transparencia y desconexión con la realidad social del país, recordando además que los magistrados ya se habían otorgado un aumento salarial del 40 % a inicios de año, pasando de $10,000 a $14,000 mensuales.