Plan de retiro especial para magistrados y jueces podría ser eliminado por ley en la Asamblea
A inicios de año, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también se aprobaron un aumento de salario, fijando su ingreso en 14 mil dólares mensuales.
Ciudad de Panamá/Aunque el acuerdo de retiro especial para magistrados y jueces del Órgano Judicial se aprobó el 18 de julio de 2024, fue hasta el 8 de agosto de 2025 que se conoció sobre la medida cuando se publicó en la Gaceta Oficial.
Para el analista político y abogado Rodrigo Noriega, el hecho de que hayan pasado 386 días para que divulgaran la información deja mucho que decir sobre la transparencia de la institución, además de que demuestra una desconexión de estos funcionarios con la realidad social de Panamá, recordando que ya se aumentaron el salario en un 40% a inicios de año, es decir, de 10,000 a 14,000 dólares al mes.
"Es penoso; si tú estás orgulloso de una decisión, la haces pública lo más pronto posible. Ellos la tomaron el 18 de julio del año pasado y 386 días calendario la divulgan. Debe darles vergüenza", criticó.
A pesar de que los magistrados defienden que no se trata de una "jubilación especial", sino de un "fondo de compensación por retiro", Noriega advirtió que en la práctica, funciona como tal, pues se financiaría con fondos públicos provenientes de los impuestos que paga la ciudadanía.
Entre las posibles salidas, se mencionan dos: que la propia Corte revoque la decisión si se presenta una demanda de inconstitucionalidad o que la Asamblea Nacional apruebe una ley para establecer un tope a las jubilaciones, evitando que se convierta en un precedente para ampliar estos beneficios a otros funcionarios judiciales. Sin embargo, la primera opción resulta un poco inviable, ya que quien tendría que analizar la demanda serían los mismos magistrados suplentes, que también se verían beneficiados y, dijo Noriega, habría que ver si "los suplentes son tan sinvergüenzas como los principales”.
Ante esta situación, la bancada Vamos ya presentó un proyecto de ley “Que establece disposiciones salariales de los magistrados de la República de Panamá y otros privilegios”. La propuesta busca establecer un tope salarial de $10,000 mensuales (incluyendo gastos de representación), la prohibición de pagos extra que superen ese tope, la eliminación de privilegios como la importación libre de impuestos para vehículos y 100 galones de gasolina gratis al mes y que todas las jubilaciones de los magistrados y funcionarios judiciales deberán ser aprobadas por ley.
Mientras tanto, el rechazo social crece y diversos actores sociales y políticos se han pronunciado sobre las privilegiadas condiciones económicas que se han aprobado para funcionarios del Órgano Judicial.
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