Presidenta de la Corte evita responder sobre jubilación especial para magistrados y jueces

Ciudad de Panamá/En medio de la ola de críticas, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López de Arias, evitó dar una respuesta concreta sobre la resolución que otorga un régimen especial de jubilación a magistrados y jueces de ese órgano del Estado.

López de Arias se limitó a anunciar que se realizará una conferencia de prensa para explicar el tema y aseguró que “no se trata de un aumento de jubilados”.

Según dijo, “es un régimen de compensación para el retiro de los jueces y magistrados. Sé que hay muchas interrogantes respecto a este tema y estas van a ser absueltas cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia convoque a una conferencia de prensa, donde todos ustedes van a poder reformular sus interrogantes (…)”.

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La magistrada también cuestionó la consulta que le hizo un periodista sobre la resolución, quien pedía que se le explicara a detalle el contenido del acuerdo. “Yo no le voy a responder porque eso le corresponde al pleno, respete señor periodista”, replicó.

Esta resolución se da apenas cuatro meses después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por insistencia, obligara a la Contraloría General de la República —a cargo de Anel Bolo Flores— a refrendar un aumento salarial de $4,000 mensuales para los magistrados.

En ese momento, el contralor calificó el incremento como “muy inconveniente”, advirtiendo que representa un 66% de aumento en los ingresos de los magistrados, elevando su salario mensual a $14,000, sumando sueldo base y gastos de representación. El ajuste implica un gasto anual aproximado de un millón de dólares para el Estado.

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Las quejas llegan de la sociedad y del Gobierno

Ante esta decisión, hoy el contralor Anel Bolo Flores anunció que demandará la resolución sobre el ajuste de retiro que avalaron los magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia, y señaló que “todos estos tipos de aumentos son inconvenientes”.

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Flores recordó que esta decisión de los magistrados debe llegar a la Contraloría para su refrendo.

Nosotros vamos a proceder; en este momento estamos preparando las demandas de inconstitucionalidad. Sin embargo, tenemos que ser muy claros al saber que esas inconstitucionalidades irán donde ellos mismos. Yo espero que ellos reflexionen y realmente tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía de muchos panameños al tomar este tipo de decisiones”. — Anel Flores - Contralor de la República

Mientras que, a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) , a cargo de Guilia De Santics, calificó esta decisión de “imprudente, inoportuna y éticamente cuestionable” y que “no es momento para este tipo de privilegios”, señalando que el país atraviesa “un periodo marcado por un elevado desempleo, tensiones fiscales y un déficit que no logra reducirse” y que “miles de panameños enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas y comunidades enteras, como las de Bocas del Toro, han sufrido pérdidas de empleo masivas”.

En tanto, el Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos) la calificó como una total “sinvergüenzura”. De acuerdo con Guillermo Cortés, representante de Mundos, desde hace años vienen luchando por un aumento a sus pensiones y jubilaciones de $10.00; sin embargo, esta solicitud no ha sido tomada en cuenta por el gobierno, a pesar de que en la Asamblea Nacional los diputados indicaron que podría darse a partir de este 2025.

“Es tiempo de que las personas nombradas en los cargos públicos no crean que llegaron a ejercer como príncipes, reyes y clases privilegiadas”, criticó Cortés. Planteó que más de 200 mil jubilados y pensionados cobran menos de 400 dólares al mes, por lo que deben decidir si comprar medicamentos o alimentos, debido al alto costo de la vida.