Fiscalía de Cuentas abre investigación por compra de comida deshidratada
Una investigación para determinar la posible lesión patrimonial de 44.9 millones de dólares por un contrato para la compra de comida deshidratada a través de fondos del Programa de Ayuda Nacional comenzó la Fiscalía General de Cuentas.
La investigación se inició luego de que en un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República, se detectara la inexistencia de estudios de factibilidad que avalaran la conveniencia económica y técnica del proyecto para la adquisición de alimentos deshidratados para las escuelas oficiales del país.
Además, se determinó que el trámite de los registros de alimentos en la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos tenía una fecha posterior al acto público, pago de viáticos sin justificación, inconsistencia de los viajes realizados por el jefe de departamento de nutrición del PAN, entre otras irregularidades.
Según un comunicado de prensa, el informe arrojó inconsistencias entre las actas de inspección y entrega de los alimentos deshidratados, falta de fiscalización y evaluación de la ejecución del proyecto por parte del Consejo Directivo del PAN, falta de monitoreo continuo y periódico en la oficina de Auditoria interna, entrega de alimentos deshidratados a personas distintas a las estipuladas en el contrato y ausencia de documentación en el Programa de Ayuda Nacional, relacionada con las entregas de alimentos deshidratados en el año 2011.
El informe tuvo como objetivo obtener y analizar información acerca de los aspectos administrativos, legales y los procedimientos utilizados en el proyecto No. 48910, desde su tramitación, hasta el desarrollo del contrato entre el PAN y la empresa Lerkshore International Limited, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.
La Fiscalía General de Cuentas había solicitado al contralor de la República, Federico Humbert, la auditoría a los contratos de la compra de comida deshidratada por parte del PAN, con base en la denuncia ciudadana presentada el 30 de diciembre de 2014 por el ex contralor Alvin Weeden y facultada por la Ley 67 de 2008, detalla el comunicado.
Por estos casos están bajo investigación los exdirectores del PAN, Rafael Guardia Jaén, detenido en el centro penitenciario La Gran Joya y Giacomo Tamburrelli, bajo arresto domiciliario.
