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Jueza se acogerá al término de ley para realizar llamamiento a juicio en caso New Business
Casos de corrupción
Finaliza audiencia preliminar en caso New Business
La audiencia por el caso New Business avanza. Este martes 5 de julio los abogados defensores concluyeron con la presentación de los alegatos, luego que la Fiscalía diera detalles del entramado de corrupción y solicitara el llamamiento a juicio para 16 implicados y el sobreseimiento provisional para 7 personas.
La jueza Baloisa Marquínez se acogerá al término que establece la ley para dictar el auto para decidir el auto llamamiento a juicio.
Sobre los diferentes incidentes presentados en la audiencia por parte de los abogados defensores, se indicó que serán resueltos en el auto de llamamiento a juicio.
Para los fiscales, algunas personas están más involucradas que otras en el entramado de corrupción. Por lo tanto solo llamaron a 16 personas a juicio.
Lista de personas para las que se solicitó llamamiento a juicio
- Moisés Levy
- Gonzalo Germán Gómez
- Max Btesh
- Nicolás Corcione
- José Corcione
- Iván Clark
- Arón Mizrahi
- Valentín Vásquez
- Leo Cohen
- Salomón Btesh
- Marcos Acrich
- Iván Arrocha
- Pía Salomé
- Isabel Bruno
- Janeth Vásquez
- Vernon Salazar
Solicitaron sobreseimiento provisional para:
- West Valdés
- Maite Pelegrín
- Oscar Rodríguez
- Iris Zbeda
- Nabil Vadka
- Samuel Jiménez Vásquez
- Luisa Napolitano de Carretero
La posición de los abogados defensores
La audiencia preliminar debería culminar este martes y luego la jueza de la causa, Baloisa Marquínez se deberá acoger al tiempo que le da la ley para decidir sobre el llamamiento a juicio.
Según datos recabados por el Secretario de la Audiencia, un total de 14 abogados entre públicos y particulares están anotados para participar en la fase de alegatos y debatir los argumentos de la fiscalía. El lunes 4 de julio participaron 7 juristas, hasta el mediodía de este martes han participado 5.
El común denominador de los defensores es insistir en la nulidad del proceso y que sus defensores no han cometido el delito relacionado con blanqueo de capitales, debido a que solo acataban órdenes superiores. No se dieron detalles de quién o quiénes eran los que daban las órdenes.
La Fiscalía en varias ocasiones habló de un alto funcionario del gobierno, pero no mencionó nombres que en el 2010 pidió a varias empresas contratista del Estado aportar fondos para la compra de la Editorial Panamá América (EPASA).
De manera detallada sobre el entramado de corrupción se mencionó que, durante la construcción de la Ciudad Deportiva de Colón, cuya empresa responsable es Condotte, recibió un adelanto del 20% del costo del proyecto y cuyo representante de la empresa es Iván Arrocha, hizo un depósito a una cuenta de Henry Mizrachi, y que este posteriormente transfirió este monto a una cuenta en la Caja de Ahorros donde estaban los fondos para la compra de EPASA.
La lesión patrimonial al Estado supera los 40 millones de dólares, las investigaciones se iniciaron en 2017, y ya hay temores en la ciudadanía por la posible prescripción de la causa penal, según los expertos a principios del próximo año.
El expresidente Ricardo Martinelli no se encuentra en esta audiencia porque está amparado por el fuero penal electoral. Los empresarios Daniel y David Ochy, también forman parte de lo que es conocido como ruptura procesal del caso, luego de presentar un amparo de garantías que fue apelado por el Ministerio Público.
Lo que dijo la fiscalía
La fiscalía, a cargo del fiscal Emeldo Márquez, insistió en detallar el esquema de movimiento de dinero, mediante una triangulación de contratos con el estado, préstamos bancarios y empresas que facilitaban las transacciones hasta depositar estos fondos en la sociedad New Business Services para la compra de Editorial Panamá América (EPASA). Hay unos 24 imputados en este proceso.
El fiscal Márquez indicó que tras concluida la sustentación de la vista fiscal el Ministerio Público pidió el llamamiento a juicio de 16 personas por el delito de blanqueo de capitales, por la compra de un medio de comunicación social con fondos provenientes del Estado.
El Ministerio Público asegura que ha presentado elementos de convicción con la información bancaria que reposa en la investigación, la certificación de emisión de cheques, auditorias correspondientes e informe fiscal.
Con información de Luis Alberto Jiménez.
