Los millonarios alquileres estatales

La Dirección de Contrataciones Públicas administra el portal Panamá Compras. Sin embargo, es irónico que aún no ha podido tramitar las contrataciones para equipar sus oficinas donde laboran los funcionarios sin aire acondicionado y sin lámparas, solo con la luz del día. Las líneas telefónicas tampoco funcionan.

Alex Sugasti, abogado de Contrataciones Públicas, explicó la falta de equipamiento para trabajar al menos con las condiciones mínimas en una oficina.

En mayo de 2013, las oficinas de esta entidad que estaban ubicadas en el Credicorp Bank, en calle 50, fueron afectadas por un incendio. Luego de esto, se tramitó un alquiler con la sociedad Closure International, en el edificio Oficenter ubicado en Ancón. La mudanza inició en diciembre pasado. El valor de alquiler por metro cuadrado es de 15 dólares y se pagan 25 mil dólares mensuales. El contrato es de dos años por 700 mil 776 dólares. Sin embargo, la nueva administración señala que se revisará el contrato porque hay filtraciones y falta de seguridad en el edificio.

Sugasti dijo que se debe examinar el caso para ver qué es conveniente para sus funciones. Recordó que el artículo 73 de la Ley 22, establece la terminación unilateral del contrato.

Al comparar los informes del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef), se observa en los últimos nueve años un incremento de 14 millones de dólares en alquileres de oficinas del Estado. Las autoridades lo han justificado en el aumento del costo de alquiler del metro cuadrado.

El excontralor Alvin Weeden recuerda el alquiler de las oficinas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Explicó que en las oficinas de Pedregal el alquiler era de 5 dólares por metro cuadrado y se pretendía mudar a un sitio de 10 dólares el metro cuadrado.

Añadió que al llegar el gobierno Martinelli la ATTT se mudó a Los Pueblos, pagando un alquiler mucho más caro.

Pero no solo Contrataciones Públicas es un caso pendiente. El actual gobierno deberá tomar decisiones sobre el contrato de alquiler de las oficinas públicas ubicadas en Plaza Edison, que venció el año pasado, y no ha sido renovado. Este es uno de los lugares donde más se paga. El abogado Sugasti aclara que lo que se paga no es decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas, sino que es una combinación de un avalúo entre la Contraloría y el Mef.

Los alquileres de las oficinas del Estado y su costo han estado bajo la lupa frecuentemente. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo estaba ubicada en el edificio Don Camilo, en calle 50, donde se pagaba en alquiler 300 mil 883 dólares. Pero el año pasado, la entonces defensora Patria Portugal decidió mudarse al PH Seguros Chagres y pagar una anualidad de $634 mil 809, el doble de la anterior.

Según el Mef, el presupuesto ley aprobado para la Defensoría en cuanto a alquiler había sido de 410 mil 200 dólares y después se modificó a $709 mil 980, o sea, 299 mil 780 dólares más.

Carlos Gasnell, miembro de Transparencia Internacional, señaló que si la Contraloría no tiene controles efectivos sobre este tipo de gastos no se puede ejercer otro tipo de control.

En el 2005 se pagaban $20.5 millones en alquileres de oficinas, actualmente esa cifra subió a 34 millones de dólares. Algunas están ubicadas en edificios viejos, con falta de mantenimiento y servicios deficientes.