Aseguran que no se usan las herramientas para mejorar la escogencia de magistrados de la Corte

En los últimos quince años se ha nombrado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con obvias conexiones que generan conflicto de intereses con el Ejecutivo que lo nombra, sin embargo, en los más recientes procesos hemos visto una excepción con los magistrados nombrados, que por primera vez en mucho tiempo estaban libres de conflictos de intereses conocidos con el Ejecutivo, así lo aseguró Olga de Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana, asegurando que ha habido una mejora.

Explicó que periódicamente emiten una calificación por el llamado "Reto de transparencia", que lanzaron a los candidatos a Presidentes durante la campaña e incluía el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De Obaldía mencionó que hace algunos años el Pacto por la Justicia creó un método para mejorar el nombramiento de los magistrados, pero ni los últimos tres gobiernos, ni el gobierno actual por el momento ha usado esa herramienta.

“Realmente lo más importante al final es que después de todo ese proceso queda a discrecionalidad del presidente escoger a esa persona, entonces ahí es donde entra la petición al Ejecutivo de que nombre a personas capaces e independiente”, manifestó.

Panamá avanza en normas anticorrupción

Sobre el informe de Transparencia Internacional, De Obaldía indicó que este informe trata de hacer una medición lo más objetiva posible dentro de los objetivos de desarrollo sostenible 16 que habla de sociedades en paz, con justicia e instituciones sólidas.

“Si nosotros pensáramos que podemos tener una sociedad donde la mayoría tuviera agua potable, energía eléctrica, casa, trabajo; el objetivo de desarrollo 16 no se mide en el país, no hay reporte de cómo vamos y no teníamos claro cómo va la implementación. Dentro de ese objetivo hay unos subojetivos que hablan de la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, la lucha contra la corrupción, la justicia, el acceso a la información pública, el Estado de derecho”, explicó De Obaldía.

Continuó diciendo que el país solo ha emitido dos reportes voluntarios desde el 2015. No han trabajado esos objetivos y es en esos mismos que se han basado para con tres indicadores medir que efectivamente que Panamá tiene algunos avances y retrocesos, pero lo más importante es que tiene una enorme carencia en tema de instituciones sólidas que rindan cuentas.

De Obaldía destacó que Panamá tiene avances normativos, pero en la implementación y voluntad de cumplir las normas es donde el país cojea. “Tenemos muchísima debilidad en algunas cosas que no se transparentan como el cabildeo, los conflictos de intereses, la corrupción en el sector privado, la transparencia en las instituciones públicas”, sostuvo.

Resaltó que la debilidad mayor es que tenemos un solo ente que vigila, regula y dictamina.

“Nos hemos quedado de alguna manera sin órganos de control que ejerzan su rol de contra peso, que entiendan su rol de contrapeso al ejecutivo por un lado y por otro lado es sumamente importante preguntarse qué puedo hacer yo, desde la ciudadanía involucrarse, hacer las denuncias necesarias”, expresó.

Finalizó diciendo que hay una ola en el país que habla de luchar contra la corrupción utilizando medios que no son los de la democracia, indicando que "vivimos en una región donde los discursos anticorrupción que van dirigidos a destruir las instituciones lo que genera son dictadorzuelos".

Sobre la renovación del contrato a Panamá Ports Company S.A, de Obaldía dijo que después de todo el tiempo pasado y viendo los mínimos internacionales que reciben los países por concesiones como estas no se explica que se renueve el acuerdo y si hay una razón de peso para la renovación, entonces que se transparente, porque no ha sido transparentado.