Preparan sistema penal acusatorio en Chiriquí y Bocas
La Corte Suprema de Justicia trabaja para implementar el Sistema Penal Acusatorio-SPA- en Chiriquí y Bocas del Toro.
Así lo informó Samir Tejeira, magistrado del Tribunal Superior ( Segundo Distrito Judicial), quien aseguró que con el magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado se ha venido dando seguimiento a la implementación del SPA.
Precisó que se está capacitando a los funcionarios y la plataforma porque se trabajará con una herramienta tecnológica.
Mediante la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, Panamá adoptó el Sistema Penal Acusatorio. El nuevo sistema se implementó el 2 de septiembre de 2011 en Coclé y Veraguas ( Segundo Distrito Judicial)y el 2 de septiembre de 2012 en Herrera y Los Santos ( Cuarto Distrito Judicial).
Sin embargo, mediante la Ley 8 de 6 de marzo de 2013, se postergó por dos años la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el resto del país. La ley pospuso la implementación del SPA para 2015 en el Chiriquí y Bocas( Tercer Distrito Judicial); y para 2016 en Panamá, Colón, Darién y la comarca Guna Yala ( Primer Distrito Judicial).
Tejeira detalló las ventajas del nuevo Sistema Penal Acusatorio, que mañana 2 de septiembre cumple dos años de ejecución en Coclé y Veraguas y un año en Herrera y Los Santos.
Según el magistrado, el SPA es un sistema más ágil que establece medidas alternas al proceso penal, para resolver el conflicto social antes de aplicar la pena.
El SPA establece como medidas alternas, la mediación, conciliación y acuerdos de penas( pactos para la pena).
Es un sistema donde las audiencias son orales con la presencia del Ministerio Público, la defensa, los querellantes hasta de representantes de las víctimas, a diferencia del viejo sistema en el que el criterio se basa netamente en la escritura, detalló el magistrado Tejeira.
Con el SPA se pueden dar "audiencias combos" cuando en un solo acto se pueden resolver varias peticiones de medidas cautelares, aseveró el magistrado.
Explicó que una persona detenida debe ser puesta en 24 horas ante un juez de garantías y que en dos o tres días, la persona puede incluso salir con una sentencia.
Con este sistema se reduce la mora judicial, ya que hay muchas personas que permanecen años detenidas sin haber sido sometidas a juicio.