Tribunal Electoral mantiene suspendido fuero electoral a Peñaloza
Los magistrados del Tribunal Electoral decidieron mantener en todas sus partes el acuerdo de sala 2-1 del 6 de enero de 2015, por el cual se acordó levantar el fuero electoral al fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza, y autorizar a la Procuraduría General para que continúe las sumarias contra él por el supuesto delito contra la administración Pública.
Peñaloza había interpuesto un recurso de reconsideración con el argumento que los magistrados no tenían competencia para levantarle el fuero electoral, sino la Corte Suprema de Justicia y que los dos magistrados, Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés Escoffery, por razones éticas debieron "abstenerse de intervenir en el proceso debido a evidente y pública enemistad" hacia su persona.
En el fallo, los magistrados concluyen concluye que Peñaloza no aportó elementos distintos a lo plasmado que permitan variar la decisión del Acuerdo 2-1 del 6 de enero de 2015.
Los magistrados señalaron en el fallo que los hechos atribuidos a Peñaloza, en cuanto a una posible violación de la ley penal, específicamente por la presunta comisión de un Delito Contra la Administración pública, requiere ser investigado por un funcionario de instrucción competente, en este caso por la Procuraduría General, dado a que los hechos denunciados en su contra apuntan a una actitud omisiva en el ejercicio de su cargo.
Además señalan que por mandamiento constitucional, legal y vía jurisprudencial, la autoridad competente para conocer toda solicitud de levantamiento del fuero electoral, está conferida privativa y exclusivamente a los Magistrados del Tribunal Electoral, por ser funcionario electoral.
También establecen que no es en esta etapa del proceso en el que Peñaloza puede invocar un supuesto impedimento en contra de algún magistrado del Tribunal Electoral.
También hacen la salvedad que analizadas las constancias procesales, acompañadas con la petición de la procuradora de levantarle el fuero electoral a Peñaloza, no surgen elementos que indiquen la existencia de motivaciones políticas.
Como se recordará la entonces procuradora general, Ana Belfon, solicitó al Tribunal Electoral levantar el fuero electoral a Peñaloza, como parte del proceso iniciado por ella tras una denuncia interpuesta por el Colegio Nacional de Abogados por el supuesto incumplimiento de su deber al no investigar el derroche de dinero del Estado en la campaña política, otorgado a candidatos afines al gobierno pasado.