Política, corrupción y el dinero de todos los panameños

Economía, política, y acuerdos entre los Órganos del Estado fueron los temas centrales discutidos este domingo en Radar.

El gobierno nacional retiró recientemente de la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley cuyo objetivo era modificar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) y el Fondo de Ahorro Panamá (FAP), dentro del cual se contemplaba un aumento al déficit de unos 300 millones de dólares. Con ese dinero se pensaba cubrir el aumento de la tarifa eléctrica, así como habilitar proyectos de inversión pública.

“Todo Estado tiene la obligación de garantizar crecimiento económico sostenido y sostenible”, manifestó Horacio Estribí, asesor económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Es necesario, conveniente y posible estimular la economía. A Panamá entero le interesa que haya una economía que crezca de manera próxima”, destacó.

Estribí justificó el retiro del proyecto ya que “era necesario ampliar el debate”. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha señalado que deseaba alejar el tema del debate político y enfocarlo en un análisis técnico.

Leandro Ávila, vicepresidente de la Asamblea Nacional, felicitó al gobierno por retirar el documento. Destacó que no se especificaba en qué rubros se planeaban utilizar los 300 millones de dólares y que era necesario acompañarlo de un plan de contención del gasto público.

“No me opongo al desarrollo del país. Si no actuamos con cautela habrá más desempleo”, arguyó Ávila.

El economista, David Saied, afirmó que el gobierno debe presentar un programa de ajuste, que incluya recortes a los gastos de viajes, viáticos y publicidad. Enfatizó que se debe publicar información clave como el cronograma de pagos para los proyectos Llave en Mano, los estudios de factibilidad de mega proyectas y la lista de completa de subsidios pagados en los últimos años.

“No hay que ser técnico para saber que no se ha sido responsable con el gasto público”, opinó por su parte Ricardo Lombana, candidato presidencial por la libre postulación. “Los dineros que se nos van en corrupción y despilfarro son casi iguales a los aportes del Canal de Panamá al Estado. No tienen cara el Ejecutivo, ni la Asamblea, para venir a hablar de austeridad”, exclamó. Criticó la inacción de los diputados que no tomaron ninguna iniciativa sobre el gasto público anteriormente, pero ahora piden austeridad cuando muchos se encuentran envueltos en escándalos de corrupción y se rehúsan a acatar órdenes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y revelar sus planillas.

Además, resaltó las fichas políticas que se encuentran en la mesa de discusión que pueden ser usadas para un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entre ellas, las planillas de diputados, el nombramiento de magistrados a la CSJ y el aumento a la tarifa eléctrica.

“Muchos tienen la percepción que estamos secuestrados por un sistema político terriblemente corrupto, terriblemente ineficiente, que lo único que le importa es como se acomodan ellos y no les interesan los ciudadanos”, lamentó el doctor y columnista, Daniel Pichel. “Todos los partidos han mirado para el otro lado con el tema de las planillas, la percepción es que quieren más plata para gastársela en política”, añadió.

Pichel advirtió de la existencia de un peligroso cinismo, ejemplificado con la frase “robó, pero hizo” de la que muchos panameños se hacen eco.

Por ahora, el erario se ha convertido en una pieza más del rejuego político entre los poderes del Estado, pero su impacto va más allá de la coyuntura actual.

El tema económico ha tomado protagonismo en la palestra pública de cara a las elecciones del 2019. Los economistas aseguran que no existe una crisis y prefieren hablar de “eficiencia” que de “austeridad”. En menos de un año los panameños y panameñas acudirán a las urnas a escoger a su futuro gobernante. Qué candidato será mejor para sus bolsillos será uno de los criterios claves a la hora de decidir.