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Suspendidos 25 funcionarios de Costa Rica por espiar a Keylor Navas
A 24 de estos empleados se les suspendió un mes.
El Tribunal de Inspección Judicial de Costa Rica suspendió de su cargo a 25 funcionarios del Poder Judicial por consultar información privada del costarricense Keylor Navas, portero internacional del Real Madrid, en una base de datos restringida, según informa este jueves el diario local 'La Nación'.
A 24 de estos empleados se les suspendió un mes, y al otro tres meses, todos ellos sin sueldo.
El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) anunció el 28 de octubre de 2014 que funcionarios de esa entidad y cuatro del Ministerio Público ingresaron, sin permiso, en la base de datos secreta Plataforma de Información Policial (PIP) para tener acceso a detalles de la vida del jugador.
Según el OIJ, se registraron 51 consultas de información de las que 42 corresponden al portero Navas y el resto a sus dos hermanas.
El espionaje habría ocurrido entre los meses de junio y octubre de 2014, cuando Navas destacó en el Mundial de Brasil y, luego, al ser contratado por el Real Madrid.
Sin embargo, días después, Francisco Segura, quien era director del OIJ, expresó que había autorizado a dos agentes para que revisaran información de Navas y la familia, con el fin de prevenirlos de un secuestro.
El Tribunal comenzó el proceso en contra de estos empleados el 30 de octubre de 2014 que culminó con la suspensión temporal de empleo y sueldo, aunque los implicados afrontan ahora una causa penal por el delito de abuso de autoridad.
El 3 de noviembre pasado la Fiscalía de Costa Rica anunció que había incluido a Segura en el caso y que eran 29 los investigados, de los cuales 24 son policías judiciales, cuatro fiscales y el director del OIJ, por supuesto abuso de autoridad, que se castiga con un máximo de dos años de cárcel, pero también con el despedido.
En esta ocasión no se ha detallado que resultado tuvo la investigación judicial contra Segura.
Los abogados de Navas entablaron en noviembre pasado una demanda contra los funcionarios judiciales que ingresaron sin motivo a la base de datos, pero no exigen una indemnización económica.
