Ayú Prado cuestiona medidas cautelares impuestas a supuestos narcotraficantes
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Pardo, cuestionó este miércoles 28 de septiembre, la medida cautelar impuesta por una jueza en la provincia de Chiriquí, contra cuatro supuestos narcotraficantes costarricenses.
La jueza de Garantías del Tercer Distrito Judicial, Mixila Alicia Méndez Sánchez, concedió la medida cautelar de impedimento de salida de la provincia de Chiriquí y debían firmar cada 15 días.
Aparentemente, la medida ordenada permitió que cuatro costarricenses, implicados en el decomiso de 500 kilos de cocaína salieran del país, lo que podría generar que la jueza sea investigada de oficio por el Ministerio Público (MP).
Así lo dejó entrever Ayú Prado, en una nota enviada a la procuradora general de la Nación Kenia Porcell, donde pone en conocimiento “la posible ocurrencia de un delito investigable de oficio”.
Para Jacob Carrera Spooner, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, pudo haber una errada interpretación jurídica de la medida cautelar aplicada.
Carrera afirma que algunos juzgadores se pasan de garantistas y se olvidan del control social y sólo aplican los principios procesales, causando estos errores jurídicos.
Álvaro Muñoz Fuentes, abogado penalista, afirma que se debe respetar las decisiones judiciales emanadas de los jueces de garantías, pero asegura que pareciera que “la medida cautelar que se fijó no es la más adecuada para un proceso de narcotráfico”.
Por su parte, Samuel Duque, abogado defensor de los costarricenses, descalificó las críticas contra la juez de garantías que favoreció a sus clientes, afirmando que actúo en estricto derecho. “Se ha respetado el debido proceso, porque se actuó respetando las normas del Código Procesal Penal.
Nilo González, otro de los abogados de los costarricenses a los que se les formuló cargos por tráfico de cocaína, aseguró que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como el Ministerio Público, actuaron fuera del procedimiento procesal penal.
Asegura que los costarricenses fueron capturados en alta mar un jueves, pero no fue sino hasta el domingo siguiente que fueron puestos a órdenes de un juez de garantías, lo que determinó la valoración del juez al momento de hacer su trabajo de defensa.
Para los abogados de la defensa, el que el fiscal de drogas, el MP o la juez de garantías no hayan adoptado otras medidas para garantizar la permanencia de los extranjeros ticos en Panamá, que haya sido puestos a órdenes de Migración, o que se adoptaran medidas con el Servicio Nacional de Fronteras para que no salieran del país, no era trabajo de los abogados de la defensa.
Los cuatro costarricenses capturados en alta mar por el Senan en una embarcación con doble fondo con 500 kilos de cocaína, no asistieron este martes a una audiencia de apelación a la medida cautelar dictada por la juez de garantías, por lo que las autoridades presumen que salieron del país en las últimas horas del lunes.
Con información de Demetrio Ábrego
