Huertos comunitarios: una necesidad desatendida

Líneas paralelas. Cero apoyo recibió la sociedad civil que promueve la alimentación saludable durante el quinquenio de la saliente administración de Laurentino Cortizo, por lo que utilizaron sus propios recursos para construir huertos comunitarios y educar a los consumidores.

Esto, a pesar de que el plan del llamado “Buen Gobierno” contemplaba un impulso a la creación de huertos comunitarios en áreas urbanas y rurales, así como el fomento de la participación ciudadana en la producción de alimentos frescos y saludable mediante “capacitación y asistencia técnica”.

“Con la partida extraordinaria de la Presidencia se han podido construir 3,000 mil huertos por año, uno para cada colegio y escuela del país”, aseguró Bethy Cruzado, del Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá, quien agregó que “de allí comerían miles de estudiantes y aprenderían temas fundamentales como agricultura doméstica y nutrición familiar”.

Dijo que “nos hemos acercado incansablemente” a las autoridades para impulsar aún más este movimiento de beneficio para la población, pero “la clásica: al inicio todos te abren las puertas” y hasta allí llegan.

Por ello, el Movimiento de Alimentación Saludable exige que en el debate del sector agropecuario con los candidatos presidenciales, a celebrarse esta semana en el Centro Post Cosecha de Volcán, provincia de Chiriquí, se conozca el perfil que debe tener el próximo regente del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para ver que “tienen en mente hacer con esta institución, abandonada en un mar de desidia y carencia de recursos”.

En 2016 se hizo la primera propuesta de reestructuración del MIDA durante el llamado “Diálogo por el Agro” impulsado por la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, donde se planteó la actualización y adecuación de la ley que rige esta entidad, “pues nunca ha sido modificada desde su creación en 1973”, según una fuente gubernamental.

Añadió que la iniciativa no avanzó, se estancó, y lo que se ha hecho desde entonces es ponerle “parches” a la institución, como lo que se hizo cuando Panamá ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 1997 y se crearon las direcciones de Sanidad Vegetal, Salud Animal y Cuarentena Agropecuaria.

No obstante, los organizadores del debate han expresado en múltiples ocasiones que uno de los propósitos principales de la actividad es comprometer a quien sea el próximo presidente de la República a apoyar la ley que establece la Política Agroalimentaria de Estado (Pade), conocida entre los productores como la ley del “Pade…spués”.

“Son cuatro ejes temáticos parecidos al debate del 2019” y el primero continúa “siendo el marco legal, pero ahora con la institucionalidad”, comentó Lorenzo Jiménez, del comité organizador.

Impulsada por la actual administración, esta ley fue creada para supuestamente brindar seguridad jurídica a los productores nacionales, tarea que será supervisada por un Consejo de Seguimiento y Cumplimiento nombrado por el Ejecutivo, que ya cuenta con oficinas en el MIDA, además de un auto oficial para su labor.

En opinión del productor de la región de Azuero, Ricardo Morcillo, al encuentro con los candidatos presidenciales debió llamársele “conversatorio”, pues “existe una total desconexión” de los verdaderos problemas del agro que necesitan ser solucionados cuanto antes, con acción y sin tanto legalismos que ya existen, pero el “tema fuerte” de la actividad es el “marco legal inconstitucional del Pade y elogios al gobierno” de turno.

Temas como la alimentación sana, los beneficios al consumidor, la ley de etiquetado frontal de advertencia nutricional, al igual que la ley de grasas trans, así como minimizar el uso excesivo de plaguicidas en las labores agrícolas no aparecen como primordiales en la agenda del debate, lo que preocupa al Movimiento de Alimentación Saludable, que también fomenta la producción de alimentos libres de agroquímicos.

El consumo, no la ingesta, de plaguicidas en el país “es alto”, de acuerdo con la “Guía técnica: uso de plaguicidas en Panamá: indicación de riesgos e implementación de medidas de mitigación”.

La guía, cuyo autor es Jorge Luis Requena, elegido en el periodo 2017- 2020 como miembro del Comité de Examen de Productos Químicos del Convenio de Rotterdam, en representación de América Latina y el Caribe, afirma que en el país la agricultura es la actividad económica que hace mayor uso de los plaguicidas, en variedad y cantidad.

Citando datos oficiales, se indica que el 89,6%, o sea 6,622 toneladas métricas, de plaguicidas importados durante el periodo 1997-1999 estaban dirigidos al agro y en menor proporción a la ganadería, a la salud pública y al sector doméstico e industrial.

Añade que durante el periodo 2017-2020 se importó a Panamá un promedio de 5,78 millones de kilogramos (kg) de plaguicidas, equivalentes a 1,39 kilogramos por habitante, índice que “puede ser catalogado como preocupante, ya que supera en casi dos veces el promedio mundial”.  

Por si fuera poco, los envases de plaguicidas van a parar a los ríos, lagos y océanos y otros son enterrados o incinerados a cielo abierto, en franca contradicción con las buenas prácticas agrícolas, pecuarias o de manufactura, agravando los problemas ambientales y de salud pública, afirma el análisis de Requena, quien posee un doctorado en Agroquímica y Toxicología de la Academia de Agricultura Timiriazev de Moscú, Rusia, y ha laborado por más de 25 años en Sanidad Vegetal del MIDA.

Definitivamente, sostiene que “es importante que el sector productivo, en primera instancia, esté consciente de su rol dentro de este deterioro ambiental y que comprenda que podrá evitar la ocurrencia de ciertos riesgos -los más críticos- pero que otros solo podrá minimizarlos o reducirlos”.