Panamá, ¿en la cuerda floja?

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional discutirá, alrededor de las próximas 10 semanas, el proyecto de ley de presupuesto general del Estado por $27,162 millones que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo del economista Héctor Alexander, y cuyo propósito, según el ministro, es ayudar a Panamá a sortear la crisis económica y social causada por la pandemia del covid-19.

En esta ocasión, tal documento no solo será modificado en respuesta a las distintas peticiones que harán las instituciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, proceso conocido como las vistas presupuestarias, sino que también se deberá contemplar los gastos no programados establecidos en los acuerdos pactados por el Gobierno Nacional en la mesa única de diálogo en Penonomé, Coclé. El ex-ministro de Economía y Finanzas Fernando Aramburú Porras calcula que, por lo bajo, tales gastos equivaldrían al menos 3% del producto interno bruto (PIB), una resultado que aproxima los $2,000 millones.

Para referencia, los aportes del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, programados para 2023, se calculan, entre derechos sobre peajes y aportes directos, en por lo menos $2,600 millones. Y el presupuesto del Ministerio de Educación, incluyendo transferencias a otras entidades, se calcula en $2,700 millones.

Por su lado, el MEF ha recurrido al crédito público para enfrentar la mayor necesidad de financiamiento generada por la respuesta del Gobierno Nacional a la crisis. Entre 2019 y el año corriente, la deuda nacional creció en un 39%, pasando de $31,000 millones a $43,000 millones, acelerándose la tasa de crecimiento de la deuda pública en estos últimos cuatro años a un promedio de 14% anual, cuando en los cuatro años anteriores había sido de 9%. La mayor parte de esta deuda, $26,000 millones o un 60%, está emitida en la forma de bonos en los mercados financieros internacionales, con el mayor vencimiento concentrado en el año 2060.

¿Puede Panamá sostener este nivel de crecimiento de su deuda pública? Y, ¿se puede asegurar que los fondos serán utilizados de forma eficaz?

Con la deuda, deberá crecer la base

El economista Aramburú Porras tilda la estrategia económica del gobierno como “pan para hoy, hambre para mañana”. “Nos hemos excedido en el gasto corriente” en este caso para “financiar subsidios y planillas”.

Según el economista, las proyecciones de gasto del Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis económica y social “no son sostenibles con la base tributaria que tenemos”, agregando que “si queremos seguir con el Estado de bienestar, será necesario contemplar una reforma tributaria”, algo que reconoce no es un tema de discusión popular en estos momentos.

¿Cuáles deberían ser estas reformas? Aramburú Porras indicó que primero es necesario hablar de un “ajuste real en los subsidios”. Segundo, el economista asevera que se debe considerar elevar la presión tributaria, el porcentaje del PIB que es recaudado en tributos: “Panama tiene una presión tributaria por debajo del 10% cuando América Latina tiene un promedio regional entre el 25% y el 30%, mientras que en Europa es del 50%.”

¿Por cuánto más debería ser la recaudación para balancear los libros? “Por al menos entre 1% a 2% del PIB hacia 2024,” dice Aramburú Porras, cantidad que equivaldría a alrededor de mil millones de dólares por año. Para que el gasto sea eficaz, el dinero debe ser dirigido a construir una sociedad “con equidad social y justa”, pero para lograr esto, será necesario “adecentar la administración pública y modernizar el Estado”.

Y, ¿cómo se estructura ese aumento de recaudación? El economista ofreció una sugerencia: “eliminar las exoneraciones al impuesto sobre la renta (ISR), por ejemplo, no es justificable que las concesiones que operan en el área del Canal no paguen ISR”.

Aunque se logre aumentar la recaudación, todavía queda el tema de la eficacia del gasto.

Transparencia garantiza eficacia

Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional, tiene dudas sobre el tema del uso del dinero. “La planilla estatal ha ido aumentado de año en año, agregando 25 mil nuevos funcionarios entre enero y mayo de este año, apoyado por un endeudamiento acelerado que no parece estar dirigido a la inversión en la creación de trabajos y la reactivación de la economía”.

Este aumento de la planilla está causando que otros rubros del gasto público, como la “educación, el agua, el aseo y otros servicios básicos” vean recortes presupuestarios a cambio de financiar lo que sería “un estado clientelar gigantesco”.

Por dar un ejemplo, De Obaldía menciona el caso de MiBus, empresa que administra el transporte público en el área metropolitana y que verá una reducción de más del 80% en su presupuesto de inversiones, por lo cual “tienes 600 unidades de transporte perdidas porque no puedes hacer las inversiones necesarias para adecuarlas y esto incidirá en un aumento de los transportes piratas. Y, ¿quién está detrás del transporte público?”.

¿A qué se debe esta desviación de las prioridades públicas? De Obaldía responde: “Panamá tiene uno de los procesos de confección de presupuestos más anticuados, sino el más anticuado, de la región, el cual además es opaco”. La directora del capítulo de Transparencia Internacional apuntó a un informe elaborado por la entidad, titulado “Reporte Sombra de la Implementación del ODS 16 en Panamá” que concluye que Panamá tiene cero elementos de transparencia fiscal. “¡Cero!”, resaltó De Obaldía. “Aquí no hay verdadera rendición de cuentas”.

La directora también notó la contradicción que existe entre el argumento que ha avanzado el MEF, proponiendo medidas de contención del gasto para financiar los nuevos subsidios acordados, y la acción de tal entidad de expandir el gasto del Estado “para seguir pagando planilla al mismo tiempo que parece que tendremos que salir a buscar más deuda”. Agrega De Obaldía: “quiero dar el beneficio de la duda al MEF de que durante los siguientes meses de discusión presupuestaria, se verá una contención del gasto”.

En este sentido, De Obaldía estuvo de acuerdo con Aramburú Porras en la necesidad de modernizar el Estado, desde su punto de vista, encaminado el proceso hacia la transparencia mediante las iniciativas de “presupuesto abierto”, lo cual requerirá que existan mandatos legales para que las entidades rindan cuentas.

Todo este proceso ahora mismo está bajo la mirada de instituciones internacionales, tanto públicas como privadas, que son las encargadas de asegurar y extender el crédito que el país necesita.

Aramburú Porras reiteró que el país se encuentra en el ojo de las calificadoras de riesgo y que el Gobierno Nacional “la tiene muy difícil”. Para concluir, hizo un llamado al ministro de Economía y Finanzas, Alexander, de que “su voz debe oírse más fuerte y debe advertir a los políticos de la Asamblea, y a los de la mesa única, de las limitantes que tienen las finanzas públicas”.