Productores exigirán que el Gobierno les pague las pérdidas derivadas del estallido social

Ciudad de Panamá, Panamá/Productores agropecuarios aseguran que irán hasta las últimas consecuencias para que la administración del presidente de la República, Laurentino Cortizo, les pague las pérdidas millonarias que han tenido, debido a la inestabilidad política que vive el país y que no les ha permitido el libre tránsito para poder comercializar sus productos.

“El gobierno fue el causante de esta crisis, por lo que debe pagar por todas las afectaciones”, afirmó Dora Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Productores de Bocas del Toro.

Productores de plátano

En una misiva fechada este 26 de octubre y dirigida al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, la dirigente le indica que “los productores agropecuarios de Bocas del Toro, plataneros, ganaderos, entre otros, exigimos que se hagan responsables de las pérdidas ocasionadas por los múltiples cierres” ante la “falta de responsabilidad” que han tenido “como gobierno”.

Por ende, agrega la comunicación, “hacemos de su conocimiento que facturaremos todas nuestras pérdidas”.

Gutiérrez explicó que los domingos no menos de 600 mil plátanos son enviados desde esa provincia caribeña hacia la ciudad capital, mientras que los miércoles la cantidad es de unos 800 mil, que se han quedado en la carretera, dejando pérdidas cuantiosas.

Solo en el cordón fronterizo con Costa Rica la afectación alcanza a unos 3,000 productores de plátanos que están saliendo de su segunda cosecha.

Productores santeños

La posición de los productores bocatoreños es respaldada por José Villarreal, de la Cooperativa de Productores Santeños, quien dijo que la agitación social ha sido propiciada por el gobierno, por lo que tendrá que hacerse responsable por la misma.

“El Ministerio de Desarrollo Agropecuario debe pronunciarse, pues las pérdidas serán cuantiosas y los productores no podremos hacerle frente”, aseguró.

En medio de esta situación, al sector maicero de la provincia de Los Santos las autoridades agropecuarias les adeudan desde hace 2 años unos 4 millones de dólares del pago de la Ley 107 de incentivo a la producción.

Hasta el momento en esa región del país hay alrededor de unas 600 hectáreas declaradas como pérdida total y unas 4,600 en afectación, de acuerdo con el Instituto de Seguro Agropecuario.

Villarreal reveló que solo el 45% de los productores tiene sus tierras aseguradas, por lo que están buscando vías para evitar que una gran cantidad deje la actividad maicera.

Productores de arroz

Por su parte, los productores chiricanos de la Federación de Arroceros de Panamá se mostraron 100% a favor de la iniciativa de los productores bocatoreños de que sea el gobierno el que pague por las pérdidas que han sufrido, producto de las protestas y los cierres de las carreteras.

Nuestro punto de vista como productores, comentó su presidente, Gabriel Araúz, es que el causante de esta inestable situación fue la decisión del Presidente con su Consejo de Gabinete, reafirmado como una ley por el Legislativo.

Lo que sucede en las calles, afirmó, es la respuesta a decisiones inconsultas en un momento dado y que no gozan de ningún tipo de simpatía por parte del pueblo panameño.

Por eso, dijo Araúz, los responsabilizo directamente y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que el gobierno asuma la obligación por las pérdidas que en este caso se están dando con los productores de arroz.

Debido a al conflicto el futuro del abastecimiento del cereal está en veremos, toda vez que este año agrícola el rendimiento ha estado muy por debajo de los 104 o 105 quintales por hectárea, pues en estos momentos se está aproximadamente por 84 y 86 quintales por hectárea, como consecuencia de los problemas climáticos.

“Esto va a traer consecuencias muy graves respecto al abastecimiento que necesita el país, aparte de que la calidad del grano no será la mejor”, afirmó el presidente de la Federación de Arroceros de Panamá.

Reiteró que los gobernantes son los responsables de las protestas y no los que se están manifestando.

Productores de Tierras Altas

Augusto Jiménez, de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, se mostró en desacuerdo con la propuesta de sus colegas, al señalar que “si el gobierno fuera el que nos estuviera obstaculizando el libre tránsito la responsabilidad era suya, pero son manifestaciones que no se cuestionan, pero afectan a terceros violando nuestros derechos”.

No obstante, en un comunicado el gremio que representa califica de “no adecuado” el actuar del gobierno, al señalar que “como ciudadanos esperamos de nuestros gobernantes una actitud de inclusión, comunicación y consideración al tratarse de un tema tan sensitivo”.

La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas es la asociación de mayor visibilidad en su apoyo a la gestión de Laurentino Cortizo, que en marzo pasado calificó como “excelente y buena”.

Consultado sobre la intención de los productores de que sea el gobierno el que pague por las pérdidas registradas debido al estallido social, el ministro consejero de Asuntos Agropecuarios, Carlos Salcedo, siempre contestatario, optó esta vez por no hacerlo, señalando que “está en construcción un comunicado”.