Productores se sienten abandonados por el Gobierno

Ciudad de Panamá, Panamá/Desaparecidos. Pese a las pérdidas millonarias que día a día registra el sector agropecuario, debido a las protestas y a los tranques de las principales vías del país, los productores aseguran que durante esta coyuntura el apoyo de las autoridades del ramo ha brillado por su ausencia.

Solo la ganadería suma una pérdida semanal estimada en 7.5 millones de dólares, mientras que la producción hortícola está prácticamente perdida, los arroceros ya prevén un faltante del grano durante los primeros meses del año entrante y empiezan a escasear el pollo y los huevos, entre otras graves afectaciones.

Las autoridades agropecuarias “en su momento pudieron ayudarnos, pero no lo hicieron”, se lamentó Carlos Pitty, de la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor), quien agregó que hoy día “están imposibilitadas”, pues “cuando los que tienen el poder no lo ejercen, lo pierden”.

Consultado sobre el apoyo gubernamental al sector en estos momentos de incertidumbre, el ministro consejero de Asuntos Agropecuarios, Carlos Salcedo, se limitó a decir que “estoy saliendo de la ciudad para la finca.... sorteando los cierres. Coordino”.

Agregó que es “importante que el jefe de la cartera emita criterios puntuales de tu solicitud”, pero el ministro Augusto Valderrama no contestó las preguntas enviadas.

Por el doble sombrero que tienen las autoridades agropecuarias “no se atreven a hablar como productores”, comentó Pitty.

“Nos preocupa mucho el silencio que han mantenido los funcionarios ligados al sector agropecuario, desde el ministro hacia abajo”, señaló Gabriel Araúz, presidente de la Federación de Arroceros de Panamá y de la Asociación de Productores de Arroz de la provincia de Chiriquí, aunque dijo desconocer “si la enfermedad sería peor que el remedio”.

Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), comparte la opinión de Pitty, al tiempo que informó que hasta el momento los esfuerzos que hace el sector privado para tratar de establecer algún razonamiento con quienes trancan las carreteras ha sido en vano.

Ante la evidente ausencia de las autoridades agropecuarias fue el sector privado, agremiado en el llamado Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley 352 de la Política Agroalimentaria de Estado, conocida por los productores como la ley del “Pade…spués”, quien salió al frente para solicitar, en primera instancia, el establecimiento de un corredor humanitario para que los alimentos llegaran a los centros de expedición.

Sin embargo, desistieron de esa iniciativa, toda vez que por las características del sector lo que se necesita es una “apertura plena y total de las vías”, aseguró Pitty.

Creado por el Ejecutivo, el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley 352 de la Política Agroalimentaria de Estado, que mantiene sus oficinas en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, está conformado por 27 integrantes, de los cuales 19 representan al sector privado.

La ley del Pade “genera un respaldo de los gobiernos a la producción nacional, garantizando la seguridad alimentaria de la población”, manifestó el pasado 24 de agosto el ministro Valderrama.

En una reciente conferencia de prensa este Consejo planteó la grave situación que enfrenta el sector agroindustrial por los disturbios, aunque con tímidos o pocos señalamientos hacia el oficialismo, que algunos productores señalan como los causantes de esta agobiante realidad.

Hasta el momento nada se sabe de la respuesta a una misiva enviada a Valderrama por los productores bocatoreños, en el sentido de que sea el gobierno el que cargue con el pago de sus pérdidas.

“Tan acostumbrado a frentear a los productores, a darnos manotazos sobre la mesa y ahora no aparece. ¿Dónde está Augusto, ombe?”, se preguntaba un productor en clara alusión al ministro de Desarrollo Agropecuario.

En la última reunión del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley 352 de la Política Agroalimentaria de Estado se aprobó solicitar una cita con los grupos religiosos para que los ayuden a llevar el mensaje de la necesidad de abrir las carreteras, pues se está fomentando una lucha de clases que en nada le conviene al país, afirmó Carlos Pitty.

“Las medidas de pueblo contra pueblo están afectando económicamente a todos los sectores productivos del país y al final todos vamos a salir afectados, especialmente cuando la economía no dé para sostener todos los empleos y la escasez genere más caos social”, manifestó por su parte en un comunicado la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa).

Esta semana en Tierras Altas, provincia de Chiriquí, no faltaron los puños, palos y piedras entre manifestantes y productores, entre ellos el alcalde del lugar, Javier Pitti, decididos estos últimos a abrir la vía, acción que según Gabriel Araúz, dio al traste con algunas conversaciones que los productores adelantaban con algunos dirigentes de las áreas trancadas para lograr un posible acuerdo.

“Casi estábamos por lograr que se pudiera abrir para que las personas y los insumos pudieran salir, pero desgraciadamente todo esto se cayó. Todo volvió a un punto cero”, puntualizó el dirigente del sector arrocero.