La amenaza del COVID-19 en los centros carcelarios de Panamá

El lunes 4 de mayo inició una huelga de hambre en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza de la provincia de Colón.

La huelga busca que se agilicen los casos judiciales que se mantienen paralizados. Fuentes dentro del penal aseguran que hay personas que ya han cumplido sus condenas y permanecen detenidas. Otras, están a la espera de audiencias críticas para su proceso judicial. Alrededor del 72% de los privados de libertad no ha tenido siquiera un juicio para determinar su culpabilidad o inocencia, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados.

"Así como muchas empresas privadas trabajan con mascarillas y guantes, el gobierno tendría que hacer lo mismo. Al gobierno le están pagando sin trabajar", cuestionó un privado de libertad.

La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó la información.

"Referente a una situación dentro de un pabellón del Complejo Penitenciario Nueva Esperanza en Colón, donde un grupo de privados de libertad se niegan a recibir sus alimentos, ya que solicitan que el personal de salud los atienda en el pabellón. La DGSP indica que dicha solicitud es improcedente por motivos de seguridad", manifestó la institución a TVN Noticias. "Reiteramos que la personas privadas de libertad que tenga algún malestar y requieran evaluación médica, se giran las coordinaciones para que en la clínica dentro del penal en Nueva Esperanza reciba la atención de un galeno".

En Nueva Esperanza se han confirmado más de 32 casos de COVID-19. Se trata de una cárcel diseñada para 1,200 personas, en las que se mantienen recluidas 1,632.

Las mujeres de Nueva Esperanza enviaron un video pidiendo ayuda el 2 de mayo.

"Solo pedimos que nos den la oportunidad de cuidar a nuestros hijos y nietos. Salvaguardar nuestras propias vidas de esta pandemia", declaró una privada de libertad en el video compartido por redes sociales.

El problema de los centros penitenciarios no se limita a la provincia de Colón.

En el Centro Penitenciario La Joyita, hay reportes que los privados de libertad pueden pasar días sin acceso al agua. Las donaciones demoran en llegar debido a los filtros de seguridad, y muchos útiles de aseo enviados por familiares nunca llegan a entrar al penal.

El Centro San Juan Pablo II lleva adelante un programa llamado Toma Mi Mano para llevar artículos sanitarios y brindar apoyo emocional a los privados de libertad.

Trabajan de cerca con los Centros Femeninos de Rehabilitación. El director del Centro, Ariel López, señala que las privadas de libertad compartan su temor y ansiedad en medio de esta pandemia.

"Se habla de rehabilitación, pero no son centros de rehabilitación. Las condiciones no son dignas", lamentó López.

En la cárcel pública de David, provincia de Chiriquí, los presos cuentan la misma historia.

"Nos toca hacer necesidad en bolsas y tirarlas por la ventana", cuenta un privado de libertad que pidió mantener el anonimato. "No hay máscaras, no hay pruebas de COVID, no hay medicinas de prescripción. Durante el día la temperatura alcanza los 37°, y no hay abanicos, ni nada. Hace tres meses no se lava la ropa", relató.

Añadió que no ha podido recibir visitas, ni hablar con su abogado.

La Dirección General del Sistema Penitenciario ha comunicado varios de los esfuerzos que se están haciendo para velar por la salud de los privados de libertad.

Este martes 5 de mayo realizaron operativos de recolección de desechos en el Centro Femenino de Rehabilitación, y llevaron jabones al Centro Penitenciario de Chiriquí. También se han hecho operativos de limpieza y entregas de mascarillas.

Para reducir la población dentro de los penales, también han otorgado rebajas de pena a 149 personas en centros penitenciarios alrededor del país.

En Panamá se reportaron 17,469 privados de libertad hasta octubre de 2019. Se trata de una población enclaustrada, vulnerable al contagio del COVID-19.

Los privados de libertad y las organizaciones que les brindan apoyo humanitario denuncian condiciones deplorables en los centros penitenciarios. El Gobierno Nacional defiende los esfuerzos que hace para combatir la pandemia. Mientras el número de casos de coronavirus aumenta en el país, las cárceles corren riesgo de convertirse en bombas de tiempo.