Agilizar el registro de buques es el reto de la marina mercante panameña

El registro panameño de buques, el más grande del mundo, tiene que agilizar su burocracia para encarar el ascenso de sus principales competidores, en especial, Islas Marshall, aseveró a Efe el presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR), Belisario Porras.

Aunque Liberia es el competidor más inmediato de Panamá en lo que a abanderamiento de buques se refiere, el abogado dijo que "hay que ponerle atención" a Islas Marshall porque "está creciendo con una rapidez bastante considerable".

La marina mercante de Panamá aglutinó en 2016 el 18 % de la flota mundial y registró un total de 8.094 embarcaciones y 226,6 millones de toneladas, según datos difundidos por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a principios de febrero pasado.

"El último año hubo una especie de purga de naves que no cumplían las condiciones de seguridad que Panamá exige para mantenerse en el Nivel A de la Organización Marítima Internacional (OIM) y en la lista blanca del Paris MoU. Hace varios años salimos de esta lista, pero gracias a Dios pudimos volver a entrar (en 2006) y no queremos volver a salir", afirmó Porras.

A Panamá, le siguen Liberia, con más de unos 3.000 barcos, e Islas Marshall, con cerca de 2.000 naves, de acuerdo a la AMP.

Según datos del sector, el registro de buques en Isla Marshall, un pequeño país del Océano Pacífico, ha experimentado un crecimiento cercano al 6 % en los últimos años, cifra muy superior al del resto de registros abiertos.

El registro de buques Panamá, creado en 1925, ha sido siempre uno de los más importantes del mundo, pero fue a partir de los años 90 del pasado siglo cuando empezó a liderar el mercado, explicó el abogado.

Al ser un registro abierto, no exige a los propietarios de los barcos tener nacionalidad y residencia panameñas y tampoco impone ninguna restricción de edad a la nave ni de tonelaje, indicó.

El liderazgo en el abanderamiento de naves ha contribuido, según el presidente de los abogados marítimos, a mejorar la imagen de Panamá en el extranjero.

Además, a diferencia de Liberia e Islas Marshall, la marina mercante de Panamá es estatal, lo que significa que "el Estado responde por cualquier barco con bandera panameña", y reporta a las arcas públicas unos ingresos directos o indirectos de entre 125 y 150 millones de dólares al año.

"Liberia e Islas Marshall tienen el nombre del país, pero son registro privados, que pertenecen a una compañía que tiene un acuerdo con el Gobierno. Los archivos de estos registros no están ni siquiera en esos países sino en Virgina, Estados Unidos", sostuvo.

El carácter estatal del registro de naves tiene las ventajas de la seguridad para el cliente y los aportes al tesoro nacional, y las desventajas de la lentitud y la excesiva burocracia, en opinión de Porras.

Por eso, para hacer frente a la competencia, "hay que crear sistemas que nos permitan tomar decisiones más rápidamente", añadió el abogado.

La Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR) es precisamente uno de los organizadores de la Panama Maritime XIII, una exhibición que cada dos años reúne a los principales actores de la industria marítima y que se inaugura este domingo en la capital panameña.

Este año, la cumbre reúne a representantes de una treintena de países y se centrará en el centenario de la marina mercante de Panamá y a la "delicada" situación que enfrenta el sector, en palabras de Porras.

"El mundo marítimo ahora mismo se encuentra en un cierto bajón debido a los precios de los fletes que son muy bajos en varios de los mercados y a la sobre oferta de buques. Algunos expertos calculan que para poder llegar a un nivel estable habría que desguazar 1 de cada 6 buques de la flota mundial", indicó.

Durante la feria también se hablará de la regulación del "bunkering" (gasolineras en alta mar), del control de las aguas de lastre y del financiamiento naval, entre otros asuntos.

"Nadie quiere que vuelva a pasar lo que le ocurrió a Hanjin", la naviera surcoreana que se declaró en quiebra en septiembre de 2016, concluyó el abogado.