Panamá suspende compra de lanchas y presiona a Colombia por disputa comercial

Panamá anunció hoy que suspende la compra de dos lanchas patrulleras al Ejército colombiano hasta que se solucione el conflicto arancelario entre ambos países, una medida de presión para que Colombia adopte "de una vez" un fallo de la OMC en contra de un arancel a los textiles y calzados panameños.

La compra de las embarcaciones, valoradas aproximadamente en 30 millones de dólares, "fue suspendida hasta que podamos resolver la disputa comercial", afirmó hoy el ministro panameño de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, durante una rueda de prensa en la que hizo balance de su gestión en 2016.

La transacción, que se acordó durante un encuentro entre los presidentes de ambos países el pasado octubre en una base aeronaval panameña, fue muy criticada por la opinión pública y el empresariado, que le pide al Gobierno mano dura con Colombia.

La decisión de suspender la compra, solicitada por los empresarios panameños, se anunció diez días antes de que expire, el próximo 22 de enero, el plazo que un árbitro le dio a Colombia para cumplir con el fallo del organismo internacional.

"Le exigimos a Colombia que desmantele sus medidas de una vez por todas. Estamos utilizando las vías del diálogo y obviamente queremos que el diálogo sea la forma para resolver esta disputa, pero tenemos el deber de proteger a nuestros empresarios de la misma manera que ellos protegen a los suyos", indicó Arosemena.

"Felicitamos al Gobierno Nacional por tomar esta decisión. Nos parece que con esto se envía un mensaje claro a las autoridades del país suramericano exigiendo respeto", dijo por su parte el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge García, en una declaración escrita enviada a Efe.

La suspensión de la compra es un nuevo capítulo en el largo conflicto arancelario que mantienen ambos países desde 2012.

Ese año Colombia, con la excusa de evitar el contrabando y el lavado de dinero, empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la Zona Libre de Colón (ZLC), la zona franca más grande del continente ubicada en el Caribe panameño.

Panamá acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para denunciar que la decisión del país vecino violaba los compromisos adquiridos por ambos países en el Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y en junio de 2016 la OMC falló a su favor.

Colombia, en vez de acatar la sentencia, prorrogó en agosto el arancel y Panamá respondió incrementando la tasa de importación de varios productos procedentes de suelo colombiano, como flores, carbón y cemento, y aprobando una ley de retorsión que establece medidas migratorias y comerciales, que no ha llegado a aplicar.

El pasado 2 de noviembre "Colombia eliminó el decreto que fue demandado por Panamá, pero interpuso dos nuevas medidas que causan casi un efecto peor al que teníamos antes y que van a seguir afectando a nuestro empresarios" porque endurecen los controles aduaneros, explicó el ministro panameño.

"La decisión a favor de Panamá ya llegó a su última instancia (...) La OMC tiene procedimientos para darle lo que llama un plazo prudente al país, en este caso Colombia, para que desmantele la medida. Panamá tendrá que, una vez se agote el plazo el 22 de enero, mostrar su disconformidad con los dos nuevos decretos", añadió Arosemena.

La disputa arancelaria es una de las principales causas del declive de la ZLC, aunque también ha contribuido la situación económica que atraviesa Venezuela (que junto a Colombia es uno de sus principales clientes), la revalorización del dólar y la desaceleración china.

Panamá ha "congelado" la aprobación en el Parlamento del tratado de libre comercio firmado con Colombia en 2013 en espera del fin del contencioso.

Ambos países también negocian un tratado para evitar la doble tributación que incluye una cláusula de intercambio de información fiscal a requerimiento.