Minera chilena es motivo de cuestionamientos por millonarias indemnizaciones

El pago de indemnizaciones millonarias y abultados contratos han puesto en el ojo del huracán a la estatal chilena Codelco, la mayor cuprífera del mundo, que pasa por una delicada situación financiera espoleada por la caída del precio del cobre en los mercados internacionales.

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la Contraloría, un organismo autónomo que se encarga de resguardar el correcto uso de los fondos públicos, se han enfrascado en una disputa legal en un asunto que amenaza con llegar a la arena política con una comisión investigadora en el Parlamento.

Una auditoría de la Contraloría detectó el pago de una indemnización de 511 millones de pesos (unos 767.000 dólares) a un exdirector de la minera como incentivo de retiro a fines del año 2015 tras 33 años en la compañía.

Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el organismo que debe fiscalizar a Codelco, afirmó esta semana al declarar ante la comisión de Minería de la Cámara de Diputados que se están revisando al menos veinte casos más de antiguos ejecutivos que recibieron indemnizaciones superiores a los 300.000 dólares.

Codelco sostiene que esas indemnizaciones corresponden a un plan de retiro voluntario que forma parte del convenio colectivo que la minera firmó con los trabajadores durante el Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014).

El contralor, Jorge Bermúdez, ordenó investigar esos pagos millonarios y la minera anunció que acudirá a los Tribunales de Justicia para esclarecer el "marco normativo" que rige la compañía.

Codelco cree que la Contraloría ha tomado atribuciones que no le corresponden al evaluar las decisiones empresariales de la compañía, una función que, por ley, le corresponde al gobierno corporativo de la firma.

Más allá de la polémica, las indemnizaciones millonarias pagadas a exejecutivos ponen en entredicho las declaraciones del presidente ejecutivo de la minera, Nelson Pizarro, quien en agosto del año pasado aseguró que Codelco no tenía "un puto peso".

De hecho la empresa está inmersa en un agresivo plan de reducción de costos que le ha permitido reducir el costo de caja un 16 % desde que Pizarro asumió el timón en 2014.

Este episodio ha puesto también de manifiesto la escasa fiscalización de Cochilco a las actividades y el funcionamiento de Codelco.

El responsable de esa entidad argumentó que durante el Gobierno de Sebastián Piñera se redujo el área de fiscalización a siete personas, aunque actualmente está formado por trece funcionarios.

Con el fin del superciclo de los precios del cobre, el estatus de empresa pública de Codelco se ha convertido en un talón de Aquiles para la minera, obligada a competir con compañías privadas que operan sin ningún tipo de limitación.

Codelco no puede reinvertir los beneficios, que en el primer trimestre de este año alcanzaron los 534 millones de dólares, más de lo que la empresa ganó durante todo 2016.

Esto ha provocado que la compañía se endeude y que dependa de las inyecciones de capital del Gobierno para financiar sus proyectos y operaciones.

La última gran capitalización de Codelco se concretó en enero pasado, cuando la presidenta, Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley para entregar a la compañía 975 millones de dólares.

Codelco debe además cumplir con la ley reservada del cobre, que le obliga a entregar a las Fuerzas Armadas el 10 % de sus ventas para la compra de equipos militares.

Esta ley, instaurada por el general Augusto Pinochet durante la dictadura militar (1973-1990), concita un gran rechazo ciudadano y los últimos gobiernos se han mostrado partidarios de derogarla, aunque ninguno le ha dado prioridad.