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Ministerio Público dominicano pide anular libertad a dos implicados en caso Odebrecht
El Ministerio Público de la República Dominicana pidió hoy anular la libertad condicional al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Ángel Rondón, implicados en la red de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló pagó en el país.
La solicitud fue presentada ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que tiene previsto fallar en las próximas horas sobre este pedido.
El Ministerio Público solicitó que Rondón y Díaz Rúa regresen a prisión a cumplir el año y 9 meses de prisión, respectivamente, que el juez Francisco Ortega Polanco, de la SCJ, dictó en su contra el 7 de junio pasado, aunque el 8 de septiembre, dos meses después, dispuso su libertad condicional.
La Procuraduría General apeló la decisión judicial tras considerar que la variación de las medidas de coerción a esos dos imputados carece de fundamento, porque no han cambiado las condiciones que en junio pasado determinaran que Ortega Polanco, juez de la SCJ, dictara prisión preventiva contra los acusados.
El abogado de Rondón, José Miguel Minier, calificó hoy como una "aberración jurídica" la solicitud del Ministerio Público tras argumentar que su defendido no evadirá la Justicia y que el caso aún está en la "etapa preparatoria de investigación".
El empresario Rondón, de acuerdo con el expediente, fue quien recibió y distribuyó entre políticos y legisladores los 92 millones de dólares que Odebrecht reveló pagó en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse la adjudicación de contratas gubernamentales.
En el caso figuran otros 12 imputados, entre ellos, el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor) Andrés Bautista García, quienes fueron enviados a prisión, pero ahora están en libertad condicional, al igual que los demás imputados.
Las autoridades se concentran en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en febrero próximo, según el plazo de ocho meses otorgado por el juez Ortega Polanco para tales fines en el junio pasado.
