Unión Europea llama al diálogo inclusivo en Honduras y oposición critica informe europeo

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) hizo hoy un llamamiento a un "diálogo nacional inclusivo" en Honduras para solucionar la crisis postelectoral, mientras la oposición criticó el informe europeo, del que dijo "se ha quedado muy corto" y es "bastante deficiente".

En una rueda de prensa en Tegucigalpa, la jefa de la MOE-UE, la eurodiputada Marisa Matías, instó a los políticos que participaron en las elecciones del 26 de noviembre de 2017 a que "sienten las bases de un diálogo nacional inclusivo que permita avanzar en las reformas electorales pendientes" en el país.

"Reiteramos que dado el clima de polarización política que vive el país, el diálogo político es más importante que nunca y que cualquier reforma debería basarse en amplios consensos", subrayó.

La eurodiputada indicó que "hay que ser inclusivo e incluir a todos los actores políticos" del país centroamericano.

Honduras vive una crisis política derivada de la denuncia de Salvador Nasralla, quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, de un presunto fraude en los comicios generales, en los que fue reelegido el presidente del país, Juan Orlando Hernández.

Nasralla no reconoce los resultados de las elecciones, aduciendo que el Tribunal Supremo Electoral hizo fraude para favorecer a Hernández, quien fue reelegido bajo la bandera del Partido Nacional, y ha venido promoviendo protestas callejeras, algunas de ellas con actos de vandalismo, que han dejado más de treinta muertos.

La misión de la UE lamentó y condenó las muertes durante las protestas postelectorales, y reiteró "su llamado a las autoridades hondureñas a respetar el derecho a la manifestación pacífica".

Matías indicó que la MOE UE no encontró "diferencias" entre las actas en las que la oposición alega que hubo fraude en las elecciones con las publicadas por el órgano electoral.

La eurodiputada pesentó hoy en Tegucigalpa el informe final de la MOE-UE, en el que destaca que los comicios transcurrieron en "un contexto de fuerte polarización exacerbada" por la reelección que buscó el gobernante.

Sobre la reelección de Hernández, señaló que la misión "no puede entrar a valorar" la decisión de la Corte Suprema, pero considera que "sería conveniente abrir un debate que pueda conducir a un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas para regular, en el ámbito político, una cuestión tan importante y sensible".

El asesor de la Alianza de Oposición, Arístides Mejía, quien asistió a la presentación del informe, criticó el documento y dijo que se "ha quedado muy corto".

El informe es "bastante deficiente en cuanto a las propuestas porque todos sabemos que el principal problema que tuvimos, a parte del fraude, es la falta de una segunda vuelta y ni siquiera se mencionó", indicó Mejía a Efe.

La MOE-UE señala en su informe que la campaña electoral estuvo "marcada por la desigualdad de recursos y de cobertura en los medios a favor del partido oficialista", pero la jornada estuvo "bien organizada, transcurrió de manera pacífica y el escrutinio discurrió en condiciones de respeto a la voluntad de los votantes".

Constató, además, que durante la campaña electoral se registró el asesinato de seis activistas políticos, e identificó en el proceso "muchas malas prácticas" como "la compra de votos".

La misión resalta que la adopción en 2016 de la Ley de Política Limpia representa "un avance indudable", pues ello refuerza "las exigencias de transparencia" sobre la financiación y uso de los gastos de campaña y fija techos a los políticos.

Entre las recomendaciones destaca realizar "una depuración" del censo electoral, debido a que la presencia de fallecidos y emigrantes en el mismo "ha alimentado tradicionalmente suspicacias sobre el riesgo de suplantación de voto".

Además, señala que sería recomendable "colmatar las lagunas" de la Ley Electoral en la regulación de los plazos que da el Tribunal Electoral para resolver impugnaciones, lo mismo que "agilizar" la resolución de los recursos presentados en la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, adoptar un nuevo reglamento de paridad y mecanismos de alternancia en las candidaturas al Congreso Nacional, y formular y aplicar una política de género.