Expresidente sudafricano decide dejar de declarar ante la comisión de corrupción

El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) decidió hoy que no continuará con las sesiones de declaración ante una comisión oficial de investigación que busca aclarar una supuesta trama de corrupción bajo su gobierno.

"Estamos hoy aquí para decir que no seguiremos tomando parte en estos procedimientos", comunicó este viernes en Johannesburgo Muzi Sikhakhane, abogado de Zuma, ante la comisión que investiga el caso conocido en Sudáfrica como la "Captura del Estado".

Según el letrado, la comisión está tratando a Zuma de forma injusta, como alguien que "está acusado", en lugar de como a un testigo más que aporta su versión de los hechos.

"La gente a la que ponemos aquí pone sus vidas en riesgo", recalcó Sikhakhane.

Este anuncio llega después de que, el pasado miércoles, el equipo de Zuma pidiera una suspensión de las declaraciones hasta hoy, dado que no estaban de acuerdo con la línea de interrogatorio a la que estaba siendo sometido el expresidente.

Zuma -quien fue forzado a dimitir por su propio partido en febrero de 2018 debido a sus numerosos escándalos- había comparecido por primera vez ante la comisión el pasado lunes y, de acuerdo con medios locales, el total del interrogatorio completado hasta la fecha no llega ni a la mitad de los puntos que la comisión quería tratar con el exmandatario.

La comisión sobre la "Captura del Estado" fue creada por el propio Gobierno de Zuma, cuando este aún estaba en el cargo pero bajo mucha presión de su partido, y lleva ya casi un año trabajando bajo el liderazgo del juez Raymond Zondo.

"Le he permitido que tenga palabra (en la investigación). La ha tenido hasta que él ha dicho 'lo que he dicho y basta'", manifestó hoy Zondo, tras conocer la decisión de Zuma.

La comisión no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.

Su objetivo es aclarar si, durante el gobierno de Zuma, el aparato público funcionó básicamente como un engranaje para beneficiar los intereses particulares del poder y los de empresarios afines, como la familia Gupta (de origen indio y próximos a Zuma).

Las acusaciones se remontan a 2016, cuando en un informe titulado "Captura del Estado", la entonces defensora del pueblo, Thuli Madonsela, acusó a Zuma y a su entorno de haber secuestrado el aparato público para ponerlo al servicio de intereses corruptos, con los Gupta capaces, incluso, de definir la salida o el nombramiento de los ministros.

Durante sus comparecencias de esta semana, Zuma negó cualquier actividad ilegal y relacionó todas las acusaciones contra él con una supuesta conspiración para hacerle daño que viene operando, según él, desde la década de los noventa.

También afirmó haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia esta misma semana y aseguró que en la presunta conspiración están envueltas agencias de inteligencia locales y extranjeras.

Paralelamente a esta investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.

Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.