Manifestantes hongkoneses inician una campaña para denunciar la violencia policial

Un manifestante coloca un mensaje junto a un dibujo de la jefa ejecutiva de Hong Kong Carrie Lam a las puertas del Consejo Legislativo, este miércoles, en Hong Kong (China)
Un manifestante coloca un mensaje junto a un dibujo de la jefa ejecutiva de Hong Kong Carrie Lam a las puertas del Consejo Legislativo, este miércoles, en Hong Kong (China) / EFE
Efe
19 de junio 2019 - 06:58

La organización civil hongkonesa que coordina a los manifestantes anunció hoy que este viernes darán comienzo a una campaña en coordinación con abogados y representantes del movimiento predemocrático para presentar quejas oficiales contra la policía por el uso de la fuerza durante las protestas.

En una rueda de prensa ante la sede del Gobierno local, la viecoordinadora Bonnie Leung, del Frente Civil de Derechos Humanos, señaló que los legisladores y los partidos políticos van a "luchar" contra "las mentiras del Gobierno".

"Estamos coordinándonos con abogados y testigos para quejarnos. Hay diferentes acciones en marcha. Por ejemplo, hubo policías que actuaron sin identificarse en sus uniformes, lo que da una idea de que el sistema no está funcionando", expresó Leung.

"La gente tiene que saber la verdad. Es nuestra prioridad", dijo.

Asimismo, pidió a la sociedad hongkonesa que aproveche la manifestación anual del 1 de julio -fecha del aniversario del traspaso de la soberanía del Reino Unido sobre la ciudad a China- para volver a exigir a Lam que retire definitivamente su polémico proyecto de ley.

"Urgimos a toda la gente que está en contra de la ley a que se una ese día y a que voluntariamente tome medidas", indicó Leung.

El frente, destacó, apoyará toda acción "espontánea, pacífica y no violenta": "La gente ya ha hablado. Lam no ha atendido a nuestras demandas así que seguiremos adelante, pero de otra manera".

Por su parte, el líder estudiantil Joshua Wong aseguró a Efe que los estudiantes están ahora preparando "asambleas y acciones", en respuesta a la pregunta de si tienen previsto movilizarse coincidiendo con la cumbre del G-20 los próximos 28 y 29 de junio.

Mientras, el legislador y activista Eddie Chu aseveró que los estudiantes pondrán en marcha "acciones" este viernes.

Lam, que en vísperas de la histórica manifestación del domingo dejó "en suspenso" el controvertido proyecto de ley, rechazó retirarlo definitivamente, tal y como le pidieron ese día más de un millón de manifestantes.

Mientras, el Secretario de Seguridad del Ejecutivo, John Lee, se disculpó este miércoles por las "deficiencias del Gobierno" a la hora de poner en marcha la legislación propuesta, pero eximió de responsabilidad a la policía por los enfrentamientos que generaron.

La policía dispersó el miércoles las protestas que tuvieron lugar en la sede del Legislativo mediante el uso de la fuerza -usaron gas lacrimógeno y pelotas de goma- causando 81 heridos.

"Soy también responsable por la propuesta de ley. Al igual que la jefa Ejecutiva, me disculpo por haber causado enfrentamientos sociales, conflicto y miedo. Ahora bien, la policía fue amenazada, la vida de los agentes fue amenazada", reiteró Lee en el Consejo Legislativo al disculpar a los agentes, quienes "no tuvieron otra opción que usar un nivel de fuerza mínimo", recoge la prensa local.

Mientras, el jefe de Seguridad hongkonés, Stephen Lo, precisó el lunes que la policía había arrestado a 32 personas, de las cuales 15 participaron en "actos violentos". De esos 15, cinco fueron detenidos por "provocar disturbios".

Asimismo, la asociación de la prensa hongkonesa señaló el lunes que el cuerpo policial causó daños a 26 periodistas y urgió a Lam a que abra un comité independiente para esclarecer los hechos.

Lam pidió el martes a los hongkoneses que le den "otra oportunidad" para que su Gobierno pueda "reconstruir la confianza" tras la crisis desatada.

El proyecto de ley que planteó se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que, según organizaciones pro derechos humanos, permitiría que activistas, trabajadores de ONG o periodistas fueran entregados a un sistema judicial, el chino, que no ofrece garantías.

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