Junta militar de Birmania acusa a Suu Kyi de aceptar sobornos por 600,000 dólares

La junta militar birmana lanzó el jueves nuevas acusaciones de corrupción contra la exjefa del gobierno Aung San Suu Kyi, al tiempo que continuaba reprimiendo manifestaciones opositoras al golpe, sin tener en cuenta la condena por parte de la ONU.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones el miércoles por la noche en el distrito de Sanchaung de Rangún, la capital económica del país, que incluyeron redadas en apartamentos en busca de armas.

"Usaron bombas sónicas en todas las calles", dijo un residente del distrito, foco de tensión desde el comienzo de la semana. "Pedimos a nuestros amigos que están fuera de sus casas que no vuelvan", advirtió.

La Junta lanzó ademas nuevas acusaciones de corrupción contra Aung San Suu Kyi, derrocada el 1 de febrero.

Incomunicada desde entonces, fue acusada por los militares de haber recibido sobornos por un valor de 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro.

Estas denuncias surgen horas después que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad de sus 15 miembros --entre ellos China y Rusia, tradicionales aliados de los generales birmanos- criticó la violencia del régimen castrense y les pidió "la máxima moderación".

Denunciando las acciones violentas de las fuerzas de seguridad "contra manifestantes pacíficos, incluyendo mujeres, jóvenes y niños", el Consejo pide a las partes que "busquen una solución pacífica" a la crisis.

También reclama "la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente", sin mencionar la posibilidad de sanciones internacionales.

"Llegó la hora de la desescalada" y "es el momento del diálogo", dijo el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun. "Es importante que los miembros del Consejo hablen con una sola voz", insistió.

Un diplomático europeo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la posicion china constituía una novedad, ya que Pekín siempre ha descrito la crisis de Birmania como un "asunto interno".

Redadas y balas

Redadas en hogares, hospitales, universidades, detenciones masivas, munición real: la junta parece más decidida que nunca a sofocar la rebelión, en gran medida pacífica, de Birmania.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció el jueves las "ejecuciones extrajudiciales" y el uso de armas de guerra.

La organización dijo en un comunicado que había analizado 55 videos, filmados entre el 28 de febrero y el 8 de marzo por miembros del público y medios de comunicación locales, que mostraban que "la fuerza letal es utilizada de forma planificada, premeditada y coordinada" por los militares.

El golpe de estado, esgrimiendo como excusa supuestos fraudes electorales en las legislativas de noviembre, ganadas por el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), puso fin a una década de transición democrática en Birmania.