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Reanudan la audiencia contra ex primera dama salvadoreña por lavado de dinero
Una corte de instrucción de El Salvador reanudó este lunes la audiencia preliminar contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca y otras 13 personas por lavado de dinero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La reanudación de la audiencia se da después de que el Juzgado Séptimo de Instrucción la suspendiera el pasado 1 de abril a petición de los defensores, dado que al menos seis de los imputados pretendían pactar con la FGR.
Los procesados buscaban un acuerdo de "juicio abreviado" en el que confesarían sus delitos a cambio de penas leves, sin que hasta el momento se conozca el resultado de las negociaciones. Según la Fiscalía, entre los procesados se encuentran publicistas y exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
La esposa del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) fue la primera en buscar este beneficio, informó en noviembre de 2018 el entonces fiscal general, Douglas Meléndez.
La legislación salvadoreña establece que la Fiscalía puede pactar con los procesados una pena mínima, que no podrá ser apelada en ninguna instancia, a cambio de su confesión y que los jueces deberán respetar el trato.
La ex primera dama y el resto de procesados son acusados de lavar unos 22 millones de dólares, que eran parte de los más de 300 millones que el expresidente Saca malversó durante su Administración. La cónyuge de Saca es la primera esposa de un expresidente salvadoreño en ser procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano.
El exmandatario fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión y a devolver al Estado 260 millones de dólares de los más de 300 millones que malversó del presupuesto estatal junto a 6 excolaboradores.
El órgano Judicial informó a inicios de mayo de que una corte abrió la etapa de instrucción en otro proceso penal que enfrenta el expresidente Saca por el supuesto blanqueo de 10 millones de dólares donados por Taiwán a su antecesor, Francisco Flores (1999-2004).
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua, suman más de 666 millones de dólares cuestionados.
