Corte salvadoreña ratifica la pena y el cobro millonario contra el expresidente Saca

San Salvador/La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ratificó la pena de 10 años de cárcel del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y el pago de 260 millones de dólares como "responsabilidad civil" por una millonaria malversación de fondos estatales.

El exmandatario fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero, por lo que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador le ordenó pagar 260 millones de dólares como responsabilidad civil.

Los jueces también condenaron a otros seis excolaboradores de Saca en el Gobierno, quienes debían pagar el monto restante para completar los 300 millones de dólares que Saca confesó haber desfalcado del presupuesto estatal.

De acuerdo con el periódico local La Prensa Gráfica, que cita a la Sala de lo Penal, Saca debe reintegrar más de 260 millones de dólares y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y Juventud, Elmer Charlaix, César Funes y Julio Rank, también procesados por corrupción, deben devolver 15 millones de dólares, más de 880.000 dólares y más de 8 millones de dólares, respectivamente.

Además, la Sala de lo Penal determinó que todos los imputados deberán cancelar un poco más de 347.117 dólares adicionales que, por un "error material", no fueron incluidos en la condena por el desfalco de fondos del Estado durante la presidencia de Saca.

Saca llegó al Ejecutivo bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y en 2014 fue candidato presidencial con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, de derecha), actual partido oficial.

Según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), El Salvador perdió al menos 550,9 millones de dólares, equivalentes al 2,1 % de su producto interno bruto (PIB), entre 1989 y 2014 por la corrupción.

El documento, dado a conocer en septiembre de 2017, sostiene que "sobresalen" los casos asociados a la Presidencia y a las obras públicas, que representan el 50 % y 33,5 %, respectivamente, del dinero malversado en cuatro períodos de gobierno de Arena y uno del Frente Farabundo Martí para la Libertación Nacional (FMLN).