Gobierno de Nicaragua y oposición reanudan un diálogo cargado de secretismo

El gobierno de Daniel Ortega y la alianza opositora reanudan este jueves las negociaciones para intentar encontrar una salida a la grave crisis que vive Nicaragua, en un clima de secretismo, luego de que la víspera las partes definieran una hoja de ruta.

En la primera sesión, las partes acordaron 9 de 12 puntos "fundamentalmente relacionados con aspectos prácticos de funcionamiento para que la negociación se pueda dar sobre bases serias y transparentes", explicó en Twitter la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Este jueves avanzarán en "la consolidación" de los procedimientos de las negociaciones, a las que asisten en calidad de testigos el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.

Se desconoce, sin embargo, el contenido de las conversaciones que la delegación del gobierno, encabezada por el canciller, Denis Moncada, y la Alianza, presidida por el exdiplomático Carlos Tünnermann, desarrollan a puertas cerradas en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en Managua.

"Todas las negociaciones exitosas han pasado por procesos incluso totalmente privados", argumentó Ortega el 21 de febrero cuando anunció la disposición de volver a la mesa de negociación con el bloque opositor, integrado por empresarios, estudiantes y organizaciones civiles.

Bajo esa premisa, el diálogo se efectuó a puertas cerradas, sin acceso de la prensa a los participantes y sin información del contenido de las negociaciones.

El acercamiento tiene lugar ocho meses después de la suspensión de las primeras negociaciones mediadas por la Iglesia católica del país, convulsionado entonces por violentas protestas antigubernamentales, que Ortega atribuyó a un intento de golpe de Estado.

Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social que luego evolucionó en una demanda de salida de Ortega por la represión que ejerció contra los manifestantes, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.

Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna de manera autocrática desde 2007 junto a su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, accedió a negociar en medio de una profunda crisis económica y fuertes presiones por parte de OEA, Estados Unidos y la Unión Europea.

Diálogo complicado

En un gesto de buena voluntad, el gobierno trasladó el miércoles a 100 opositores presos a un régimen de casa por cárcel, pero mantiene las calles controladas con policías para evitar nuevos brotes de protestas, actualmente prohibidas.

La Unidad Nacional Azul y Blanco, que agrupa a los movimientos de la oposición, exigió este jueves en un comunicado la liberación de todos los "presos políticos, la anulación de los juicios en su contra y el retorno con garantía de todos los exiliados".

Los opositores son acusados en los tribunales de "terrorismo" y otros delitos en base a una reciente ley que castiga a los manifestantes con hasta 20 años de prisión.

La Alianza señaló, además, que "continúan apostando por una salida del régimen por la vía pacífica", por adelantar las elecciones del 2021 e iniciar un proceso de democratización.

Asimismo, piden que las negociaciones estén centradas en el restablecimiento de las libertades, justicia para las víctimas de la represión y la restitución de una decena de organizaciones no gubernamentales que fueron ilegalizadas en diciembre pasado.

Ortega, sin embargo, ha descartado la posibilidad de adelantar las elecciones. Durante una visita de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Managua este mes, a lo máximo que se comprometió el mandatario es a reformar la ley electoral de cara a las presidenciales del 2021.

El gobierno pretende que el diálogo contribuya a "consolidar la paz y mejorar las condiciones" del país, que el año pasado experimentó una recesión del 4% después de una década de sostenido crecimiento económico.

La actividad económica amenaza este año con contraerse hasta 11% debido a la crisis, según expertos, por la caída de las inversiones, del turismo, la fuga de capitales calculada en 100 millloensde dólares al mes, y la falta de nuevas líneas de crédito internacionales.

"Ortega está frente a la tormenta perfecta de aislamiento internacional total", comentó la exguerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez.

"Tienen sanciones severas de parte de Estados Unidos, amenazas de sanciones inminentes de la Unión Europea, tiene el puñal de la carta democrática de la OEA en el cuello y no consigue dinero. Está asfixiado", advirtió.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abogó en un tuit por un proceso de diálogo con "acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías".