Guatemala limita estado de excepción a zonas más golpeadas por las pandillas
Según el funcionario, en las últimas dos semanas los homicidios bajaron un 25% y las extorsiones un 33%, frente al mismo lapso de 2025.
Guatemala limitó el estado de excepción a las zonas más afectadas por la violencia de las pandillas, que hace dos meses mataron a 11 policías en varios ataques, informó el jueves el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda.
La medida abarca áreas fronterizas con México y Honduras.
El presidente Bernardo Arévalo impuso a mediados de enero un estado de sitio tras los atentados de la pandilla Barrio 18 en represalia por la intervención de tres cárceles donde líderes de esa banda se habían amotinado.
El estado de sitio, que permitía arrestos sin orden judicial, finalizó un mes después y Arévalo decretó el menos restrictivo estado de prevención, acompañado de un despliegue de seguridad en Ciudad de Guatemala y zonas cercanas.
Villeda dijo en rueda de prensa que el estado de prevención fue prolongado por dos semanas, pero solo funcionará para el departamento central de Guatemala, donde se encuentra la capital, y Escuintla (sur), los lugares que "más acumulan índices de homicidios e incidencia criminal".
"Necesitamos continuar con estas operaciones conjuntas" de la policía y el ejército "para mantener el control", agregó.
El estado de prevención también estará vigente para los departamentos de Petén, San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México, e Izabal, colindante con Honduras y Belice, para "evitar que haya ingresos de grupos criminales relacionados con el narcotráfico", agregó Villeda.
Según el funcionario, en las últimas dos semanas los homicidios bajaron un 25% y las extorsiones un 33%, frente al mismo lapso de 2025.
Los pandilleros presos de Barrio 18, considerada organización "terrorista" por Estados Unidos y Guatemala, habían tomado rehenes para presionar por comodidades en las prisiones o un traslado a cárceles de menor seguridad, al tiempo que otros miembros desataron ataques contra la policía en la capital y localidades vecinas.
Arévalo también atribuyó la ola de violencia a un presunto complot para desestabilizar a su gobierno, fraguado supuestamente por una alianza entre políticos y criminales.