Nicaragua confía en que ONU no respaldará 'sanciones económicas financieras'

El Gobierno de Nicaragua expresó hoy su confianza en que la ONU no respaldará eventuales "sanciones económicas financieras coercitivas" ante la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió ese mensaje al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con su nuevo embajador ante ese organismo, Jaime Hermida Castillo, quien presentó este miércoles sus cartas credenciales.

En dicha ceremonia, el diplomático aprovechó para extender los saludos y transmitir el mensaje del presidente Ortega sobre los "logros exitosos" de Nicaragua en la lucha contra la pobreza, según una nota de prensa del Ejecutivo nicaragüense.

"Asimismo, expresó que Nicaragua tiene confianza que Naciones Unidas respalda el llamado de Nicaragua en contra de la imposición de sanciones económicas financieras coercitivas, ya que estas limitan los recursos para esa lucha contra la pobreza", según la nota.

En una resolución, la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a sus miembros y observadores a implementar "las medidas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua", que vive una crisis social y política desde abril pasado, lo que abre la puerta a que los países impongan sanciones al Estado centroamericano.

El 21 de septiembre pasado, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y los 12 países del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la OEA se reunieron para evaluar represalias económicas contra el Gobierno de Ortega.

Los 12 países que componen el grupo sobre Nicaragua, que nació el 2 de agosto, son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

En el encuentro, el embajador Hermida también expresó al secretario general de la ONU "la urgencia para el fin inmediato de cualquier medida económica coercitiva unilateral a nuestros países en desarrollo, a fin de que nuestros esfuerzos no sean obstaculizados en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030".

En Estados Unidos se promueve una Ley, conocida como Nica Act, que congelaría los préstamos a Nicaragua hasta que ese país celebre unas elecciones libres.

Nicaragua vive una crisis social y política desde abril y que hoy cumple seis meses, que ha generado varias protestas contra Ortega y un saldo de entre 325 y 512 muertos y más de 300 "presos políticos", según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, pero el Ejecutivo rechaza esas denuncias.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social el 18 de abril pasado, y se convirtieron en una exigencia de renuncia tras las muertes registradas durante las manifestaciones.