La salvadoreña juzgada por aborto pacta el cambio de delito para obtener una pena leve

La joven salvadoreña Imelda Cortez, acusada de intento de homicidio cometido al supuestamente tratar de abortar, aceptó hoy un "juicio abreviado" en su contra y el cambio al delito de abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad, a cambio de reducir su pena.

El juez del Tribunal de Sentencia de la localidad de Usulután (oriente), Hugo Noé García, admitió la solicitud de la Fiscalía y de la defensa, acordada previamente, en la que también se estipula que la joven sea condenada a 1 año de cárcel por dicho delito.

Bertha María Deleón, una de las abogada de Cortez, señaló, durante su intervención en el juicio instalado este lunes, que la joven debe de ser puesta en libertad en caso de ser encontrada culpable del delito que se le atribuye, porque "ella ha estado encarcelada 1 año y 7 meses".

"El acuerdo estipula una pena de 1 año de prisión pero, considerando que ella (Cortez), tiene 1 año y 7 meses en prisión debe ser puesta en libertad", recalcó la abogada.

Durante su confesión, la joven de 20 años aceptó el "juicio abreviado" y se declaró culpable del delito de abandono y desamparo de persona.

"Sí acepto el (juicio) abreviado y acepto que abandoné a mi hija", expresó Cortez. Luego de la declaración de la joven, el juez del caso escuchó a los alegatos finales de las partes y sus conclusiones, y dio un receso para retomar la sesión a las 14.00 hora local (20.00 GMT) y brindar el fallo del proceso.

En un primer momento la Fiscalía acusó a Cortez del delito de tentativa de homicidio agravado cometido supuestamente al tratar de abortar, aunque su embarazó llegó a término y actualmente su hija tiene 1 año y 7 meses de edad.

Cortez sufrió desde los 12 años abuso sexual por parte de su padrastro, quien también la embarazó.

Esta es la segunda ocasión en que Cortez asiste a dicha corte, ya que el pasado 12 de noviembre la diligencia fue aplazada por la ausencia del Ministerio Público, quien el día previsto para la instalación del juicio mandó un escrito en el que señaló que la fiscal asignada al caso tenía incapacidad médica que le "imposibilitaba su presencia".

El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.