Comité de la ONU pedirá a la Asamblea General atender situación de desaparecidos en México

El comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas (CED) solicitará remitir el caso de México ante la Asamblea General, una decisión que el gobierno rechazó y calificó de "tendenciosa".

El CED sustentó su decisión en información que "parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad", señaló en un comunicado.

El comité tomó la "medida excepcional" de pedir a la Asamblea General que considere "adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada" que México requiere para buscar e investigar las desapariciones, así como los vínculos entre funcionarios y criminales, agrega el boletín.

En respuesta, la cancillería mexicana señaló que recurrir a la Asamblea General es un recurso que aplica para casos en que las desapariciones son cometidas "de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado" y las autoridades se niegan a actuar y cooperar.

"Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia", sostuvo la dependencia. "El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas", enfatizó.

Alegó también que la decisión del comité es "parcial y sesgada" pues se enfoca en casos ocurridos entre 2009 y 2017 y omite considerar los esfuerzos institucionales que el país ha emprendido desde 2018 a la fecha.

El anuncio del CED llega una semana después de que el gobierno presentara su más reciente informe sobre el asunto, que registra 130.178 desaparecidos en México desde 2006, una crisis que estalló a la par de una polémica ofensiva militar del Estado contra el crimen organizado.

Enviar el caso mexicano a la Asamblea General es un procedimiento preventivo destinado a "movilizar la atención y el apoyo internacionales", pero no a establecer responsabilidad penal individual, aclaró el CED, que no actúa como comisión de investigación.

México acusa "ligereza"

La resolución toma en cuenta información de la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano en 2025 a una solicitud de información, y datos recopilados por el comité desde 2012, a través de exámenes periódicos, una visita al país en 2021 y denuncias de víctimas, detalló el comité.

El CED subraya "que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas" y que en muchos casos son obra de grupos delictivos y no de agentes del Estado.

Advierte, sin embargo, que en algunos casos recibió "información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia".

"El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad (para ser considerados como tales, ndlr) se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil", dijo Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, citado en el comunicado.

Por su parte, el gobierno mexicano acusó "falta de rigor jurídico" en la argumentación del CED y señaló la "ligereza de sus premisas", al tiempo que alertó de "conflictos de interés" de algunos de los integrantes del comité.

"En específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano", señaló la cancillería.