Gobierno español aplicará la Constitución para restaurar la legalidad en Cataluña

El Gobierno español aplicará la Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el presidente regional, Carles Puigdemont, avisara este jueves de que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo.

Un Consejo de Ministros extraordinario presidido por Mariano Rajoy aprobará el sábado medidas para "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña" y restaurar la legalidad en la región, según las previsiones del artículo 155 de la Constitución, informó el Ejecutivo.

Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización y aplicación efectiva.

Puigdemont comunicó este jueves por carta a Rajoy que, si éste "persiste en impedir el diálogo", el Parlamento regional "podrá proceder a votar la declaración formal de independencia" de Cataluña.

Al terminar el segundo y último plazo del requerimiento que le había enviado Rajoy, el líder catalán agrega en la carta que el Parlamento regional "no votó el día 10" la declaración de independencia y, según asegura, su "suspensión continúa vigente".

Ante esta respuesta, el Ejecutivo español "constató" en un comunicado la negativa del presidente catalán a atender el requerimiento y, en consecuencia, "continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña".

Sería la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.

En ese requerimiento, se pedía al presidente catalán que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había declarado la independencia y se le instaba a restituir el orden constitucional en la región.

El lunes pasado, en una primera carta, Puigdemont no concretó si se había proclamado la independencia y ofrecía a Rajoy abrir un periodo de dos meses para dialogar y buscar una salida al contencioso.

El Gobierno central denunció hoy la actitud de los gobernantes catalanes de "buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña".

Así, el Ejecutivo pondrá "todos los medios a su alcance" para restaurar la Ley, la "convivencia pacífica" en Cataluña y frenar el "deterioro" de la seguridad jurídica, enfatizó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en una declaración institucional.

El presidente del Poder Judicial español, Carlos Lesmes, estimó que esas medidas "deberán ser sin duda proporcionales y ajustadas" al objetivo.

Representantes del Gobierno se reunieron hoy con dirigentes del Partido Socialista (principal de la oposición) y los liberales de Ciudadanos (cuarta fuerza parlamentaria) para ultimar la concreción de las medidas que se aprobarán el sábado próximo.

El secretario socialista de Organización, José Luis Ábalos, denunció como "tramposa" la oferta de diálogo de Puigdemont, y confió en que la aplicación del artículo 155 sea "lo más breve posible" y "muy, muy limitada".

Por el contrario, el líder del izquierdista Podemos (tercer grupo parlamentario), Pablo Iglesias, pidió "sensatez" y "diálogo" frente a las amenazas recíprocas de aplicar el artículo 155 o declarar la independencia.

El partido independentista catalán PDeCAT, al que pertenece Puigdemont, lamentó que se esté "a punto" de entrar en un escenario "malo" para España y "muy difícil" en Cataluña.

España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración sin garantías el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.

El presidente catalán asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según las cifras de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.

El Gobierno de Rajoy le instó a dialogar con la oposición en Cataluña y en el Parlamento español.