Gobierno español intervendrá en Cataluña si la policía regional no actúa

El Gobierno español advirtió hoy al Ejecutivo de Cataluña que ordenará la intervención de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si la policía de esa región no ejerce "las funciones que les incumben", después de un fin de semana de "graves alteraciones de orden público" en Cataluña.

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha enviado cartas al Ejecutivo de Cataluña en las que pide explicaciones por "las graves alteraciones de orden público y seguridad del tráfico" del fin de semana y advierte que, si la policía regional (Mossos) no "ejercen las funciones que les incumben", se ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las misivas han sido enviadas desde la Vicepresidencia del Gobierno, el ministerio de Fomento y el de Interior.

En particular, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Marlaska, subraya en su carta al consejero catalán de Interior, Miquel Buch, que los hechos ocurridos en algunas autopistas catalanas constituyen una "grave perturbación del orden público y de la seguridad del tráfico" en el que, sin embargo, los Mossos, "aun hallándose presentes", no cumplieron su función.

Por ello, el titular de Interior requiere a los responsables del Gobierno catalán para que dicten las instrucciones necesarias o, en caso contrario, "se ordenará la intervención" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para preservar el "libre ejercicio de los derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

Antes de que se conociera el envío de estas cartas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también criticó la "inhibición" de la policía regional catalana ante las últimas acciones de los llamados Grupos de Defensa de la República catalana (GDR), que el sábado cortaron durante quince horas una de las principales autopistas de Cataluña y el domingo levantaron los peajes de las autopistas de la región.

Calvo aseguró que la situación generada "es inadmisible" y "va a tener consecuencias", ya que una de la principales obligaciones del presidente regional es "el mantenimiento de la seguridad y de la convivencia".

Los incidentes se produjeron el mismo fin de semana en el que el presidente regional de Cataluña, Joaquim Torra, se pronunciara a favor de imitar la vía eslovena a la independencia: "los eslovenos decidieron tirar adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres", dijo Torra.

Las críticas a estas declaraciones, que comenzaron ya durante el fin de semana, se agudizaron hoy lunes, la mayoría coincidiendo en calificar de "irresponsable" al jefe del Gobierno regional catalán.

Calvo consideró que, al proponer una vía a la independencia que implica violencia y muertes como ocurrió cuando Eslovenia se separó de la antigua Yugoslavia en 1991, Torra cruzó "una línea intolerable, inadmisible y de irresponsabilidad absoluta para un cargo público en una democracia como la española".

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, calificó por su parte de "grave irresponsabilidad" la idea de Torra, ya que supone "apelar a una solución violenta". Para la ministra portavoz, Isabel Celaá, las afirmaciones de Torra son "insensatas", ya que "ni Cataluña es Eslovenia, ni España es Serbia".

Igualmente duras fueron las críticas entre los partidos de la oposición de centro y derecha, como Ciudadanos (liberal), cuyo secretario general, José Manuel Villegas, acusó a Torra de proponer la "vía de los muertos, de la máxima violencia".

La portavoz del Partido Popular (PP, conservador), Marta González, volvió a pedir que el Gobierno central suspenda la autonomía regional catalana (en aplicación del artículo 155 de la Constitución que ya se empleó hace un año), ya que la situación en Cataluña se está "agravando cada día".

Incluso el principal partido independentista catalán, ERC, se desmarcó el presidente regional. El presidente del Parlamento regional, Roger Torrent (ERC), eludió sumarse a la sugerencia de Torra y en su lugar dijo que su formación defiende la vía "escocesa" de un referéndum pactado, porque "aporta una solución democrática".

Torra, un abogado, activista y escritor de 55 años, no es un político profesional pero llegó a la presidencia regional catalana en mayo de este año por su militancia independentista y fidelidad al destituido Carles Puigdemont, huido desde hace más de un año de la Justicia española e instalado en Bélgica.

Sin embargo, su acción se ha centrado en la dialéctica independentista y en las últimas semanas su Gobierno ha recibido críticas y huelgas por el deterioro de la situación social en la región, especialmente en los servicios públicos como educación, sanidad y administración pública.