Oposición contra amnistía a independentistas catalanes se recrudece en España

La oposición de derechas y una parte de la magistratura española subieron el tono en los últimos días contra la amnistía para los independentistas catalanes que negocia el presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, a cambio de lograr una nueva investidura.

Sánchez, cuyo Partido Socialista terminó en segundo lugar en las elecciones legislativas del 23 de julio, tiene hasta el 27 de noviembre para conseguir la confianza del Parlamento y mantenerse en el poder. Si no lo logra antes de vencerse el plazo, se convocarían automáticamente nuevas elecciones.

Para obtener el apoyo indispensable de los partidos independentistas catalanes, Sánchez aceptó su exigencia de preparar una futura ley de amnistía para los separatistas procesados por la justicia española, especialmente por su participación en la tentativa fallida de secesión de Cataluña en 2017.

Tras largas conversaciones, Sánchez consiguió el apoyo de Izquierda Republicana de Cataluña (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), formación separatista moderada que gobierna esta región del noreste de España, y ahora solo le queda garantizarse los votos de Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya, JxCat), el partido de Carles Puigdemont, líder de la intentona de 2017.

"Estamos en la cuenta atrás del pacto, el tramo final de una negociación que ha sido difícil (...) y que nos va a permitir abrir una nueva etapa", indicó este lunes Jaume Asens, uno de los principales encargados por la izquierda para negociar con Puigdemont.  

"Defender a España"

Muy controvertido, este proyecto de amnistía, que deberá ser votado después por el Parlamento, despertó la indignación de la oposición de derechas, que endureció aún más el tono en los últimos días y prometió multiplicar los recursos contra su aplicación. Según ellos, Sánchez, quien en el pasado se oponía a esta idea, está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder.

"Cambiar votos por impunidad es corrupción", lanzó el sábado el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión de su formación en el País Vasco (norte).

Pese a que su partido resultó vencedor de las legislativas de julio, aunque sin mayoría absoluta, Feijóo no consiguió los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido.

"Vamos a defender a España (...) Nos va a tener enfrente", agregó el domingo en Valencia (este), frente a miles de militantes que gritaban "Pedro Sánchez a prisión", durante una manifestación del PP contra la amnistía. 

Una nueva protesta, a la que asistirán los dirigentes de la derecha y la extrema derecha, está prevista el sábado 18 de noviembre en Madrid.

"Abolición del Estado de derecho"

Igualmente, un sector de la judicatura también criticó esta amnistía en términos particularmente duros. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), organización conservadora mayoritaria en los jueces, afirmó el jueves en un comunicado que esta medida representaría "el principio del fin de nuestra democracia", además de "volar por los aires el Estado de Derecho".

Los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial consiguieron convocar para este lunes una reunión extraordinaria de este órgano clave encargado de nombrar a los jueces, para discutir sobre el tema. Estos miembros consideraron en un texto que la amnistía a los independentistas representa una medida con efectos de "degradación", cuando no "de abolición del Estado de Derecho en España". 

Tras la tentativa de secesión de 2017, centenares de personas fueron procesadas en Cataluña por la justicia española, a quien los separatistas acusan ser uno de los instrumentos de la "represión" de su movimiento por parte el "Estado español". En aquel convulso otoño de hace seis años, los principales dirigentes independentistas se marcharon al extranjero, como Puigdemont, o fueron encarcelados y condenados después a penas que iban hasta los 13 años de prisión. Estas sentencias, conocidas en 2019, generaron una ola de disturbios en las calles de Barcelona.

Después de su llegada al poder en 2018, menos de un año después del intento de secesión, Sánchez hizo de la distensión en Cataluña una de sus prioridades. En 2021, indultó a los nueve separatistas condenados a prisión y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que habían sido perseguidos.