Hispana en Casa Blanca defiende casos en deportaciones

El promedio anual de deportaciones alcanzó la cifra sin precedentes de 400.000 desde que Obama asumió el poder en 2009. En el último año fiscal fueron casi 316.000.

Cecilia Muñoz, la mano derecha del presidente Barack Obama en temas de inmigración, dijo el jueves que los miles de hispanos que pensaban acogerse a programas de alivio migratorio que han sido paralizados tienen algo a su favor: no son una prioridad para la deportación.

Muñoz dijo durante una entrevista con The Associated Press que las nuevas normativas que rigen las prioridades en las políticas de deportación y que no quedaron congeladas por una orden judicial dictan que sólo personas que hayan cometidos delitos graves o que cruzaron recientemente la frontera serán deportadas.

"Ese es un cambio muy importante, significativo, que afecta a toda esta gente de la que estamos hablando", dijo Muñoz, directora de políticas nacionales de la Casa Blanca.

Sin embargo, la hispana, hija de inmigrantes bolivianos, ha sido duramente criticada por activistas que aseguran que las deportaciones de inmigrantes con familias y que no cometen delitos siguen siendo el pan de cada día.

El promedio anual de deportaciones alcanzó la cifra sin precedentes de 400.000 desde que Obama asumió el poder en 2009. En el último año fiscal fueron casi 316.000.

En respuesta a las acusaciones, Muñoz dijo que expulsiones de personas sin antecedentes serios o con familia siguen ocurriendo porque las actuales leyes migratorias en Estados Unidos no funcionan y se sigue necesitando una reforma integral.

"Las leyes actuales hacen que 11 millones de personas sean 'deportables' y el trabajo del gobierno federal es implementar la ley", dijo Muñoz.

"Es nuestra responsabilidad, la del gobierno, tener una política de deportaciones que esté guiada por los mejores principios, por el sistema que tenga más posibilidades de ser efectivo en el país".

Muñoz se encontraba el jueves en Nueva York para hablar ante más de 1.000 estudiantes que se graduaron de LaGuardia Community College, una universidad donde 45% de los estudiantes ha nacido en el extranjero.

Un programa que debía entrar en vigor en mayo y que protegía de la deportación a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes quedó paralizado tras una orden judicial después de que más de 20 gobernadores republicanos demandaron al gobierno cuestionando su legalidad.

La ampliación de otro plan existente que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes también fue suspendida.

Se calcula que entre cuatro y cinco millones de inmigrantes se habrían beneficiado de estos programas